Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero – Juliaca, expresó su profunda inquietud ante el reciente relevo de la fiscal Nancy Chávez, responsable de las carpetas fiscales de los fallecidos durante las protestas sociales de 2023 en la región de Puno. Este sexto cambio en el equipo encargado del caso ha generado alarma, al dilatar aún más el proceso de investigación y incumplir los acuerdos establecidos en enero por la fiscal de la nación.
Samillán Sanga destacó el importante avance logrado por la fiscal saliente, quien compiló 90 tomos del caso. Estos documentos deberán ser meticulosamente revisados por el nuevo fiscal que asuma la responsabilidad en Puno, lo que, según el presidente de la asociación, podría retrasar significativamente la resolución del caso.
Ante esta situación, los familiares de las víctimas se preparan para reunirse y evaluar la posibilidad de trasladarse a la capital, Lima, con el objetivo de entablar un diálogo directo con la fiscal de la nación y exigir celeridad en las investigaciones. Además, se espera que el próximo 14 de marzo se constituya una comitiva durante la conmemoración de Manuel Quilla Ticona, víctima de tortura con consecuencias mortales, para establecer acuerdos con representantes de otras regiones afectadas por las protestas sociales.
Esta nueva coyuntura subraya la urgencia de retomar el impulso investigativo y garantizar justicia para las víctimas, mientras la sociedad y sus representantes exigen transparencia y compromiso en el esclarecimiento de los hechos.
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