Un gobierno deslegitimado que persiste en fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), esto representa una afrenta directa a los derechos de las mujeres y niñas peruanas. En un contexto donde la violencia de género y los abusos sexuales continúan en aumento, esta medida debilita las instituciones que deberían protegernos.
Un contexto alarmante. El Perú ocupa el sexto lugar en América Latina en casos de feminicidio, con más de 146 incidentes reportados en 2023. La violencia sexual contra niñas y adolescentes es una crisis persistente; el caso de Condorcanqui evidenció más de 500 niñas agredidas por quienes debían protegerlas, sus propios docentes. Además, en 2023 se registraron más de cinco mil niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.
En este escenario, la existencia de un ministerio dedicado exclusivamente a la protección y promoción de los derechos de las mujeres es esencial para garantizar una respuesta especializada y efectiva del Estado.
Objetivos distintos, funciones específicas. El MIMP y el MIDIS tienen mandatos claramente diferenciados. Mientras el MIMP se enfoca en la igualdad de género, la prevención de la violencia y la protección de poblaciones vulnerables, el MIDIS opera programas asistenciales de desarrollo e inclusión social. Fusionar ambas carteras diluye sus funciones específicas y debilita la capacidad del Estado para atender de manera efectiva las problemáticas particulares de cada sector.
“En lugar de fusionar ministerios con funciones cruciales y distintas, el gobierno debe fortalecer al MIMP, dotándolo de mayores recursos y capacidades”.
Corrupción e Inoperancia: Una alerta necesaria, el MIDIS ha estado envuelto en graves escándalos de corrupción, incluyendo la distribución de carne de caballo en mal estado y la intoxicación de centenares de niños con alimentos en mal estado. La falta de supervisión efectiva y la corrupción sistémica en este ministerio ponen en riesgo la salud y el bienestar de miles de estudiantes en las instituciones públicas que más apoyo requieren. Fusionar esta institución con el MIMP no solo socava los derechos de las mujeres y niñas, sino que también las expone a una gestión plagada de irregularidades.
Un gobierno deslegitimado no puede tomar decisiones de esta magnitud. Nos encontramos ante un gobierno totalmente deslegitimado, con solo un 3% de aprobación, y un Congreso igualmente rechazado por la población. ¿Cómo pueden atreverse a hacer cambios de esta magnitud bajo el pretexto de optimizar recursos? ¡No puede ser! La falta de respaldo ciudadano demuestra que estas decisiones no responden a un verdadero interés por el bienestar de la población más vulnerable, sino a una estrategia de continuo debilitamiento institucional.
La necesidad de fortalecer, no fusionar. En lugar de fusionar ministerios con funciones cruciales y distintas, el gobierno debe fortalecer al MIMP, dotándolo de mayores recursos y capacidades para enfrentar la violencia de género y promover la igualdad. Asimismo, es urgente implementar reformas profundas en el MIDIS para erradicar la corrupción y garantizar que los programas sociales realmente beneficien a quienes más lo necesitan.
Finalmente, la fusión del MIMP y el MIDIS es un grave retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en el Perú. Es fundamental que el gobierno reconsidere esta decisión y se comprometa a fortalecer las instituciones dedicadas a la protección de las poblaciones más vulnerables. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia de género.
¡Exigimos respeto y fortalecimiento de nuestras instituciones, no su desmantelamiento!
¡Las mujeres y niñas peruanas merecen protección, no abandono!