El 13 de septiembre, Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) presentó el IX Informe Alternativo: Balance de la sociedad civil 2022-2023, sobre la situación de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú.
Elaborado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), analiza los avances y deficiencias en la implementación de los 42 servicios estatales dedicados a atender esta problemática.
Insuficientes recursos para combatir la trata de personas
El informe examina cómo estos delitos alcanzaron niveles críticos en un contexto de creciente criminalidad organizada y una crisis migratoria en expansión.
A pesar de los esfuerzos, la lucha contra la trata de personas enfrenta obstáculos, como la falta de presupuesto, la ausencia de una estrategia nacional clara y la carencia de un registro único de denuncias y víctimas.
Se identificó que casi el 75% de los servicios carecían del presupuesto necesario para prevenir, perseguir y atender a las víctimas del delito. En una entrevista con Inforegión, Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, también destacó la necesidad de que el Poder Judicial implemente más salas especializadas para casos de trata de personas.
“Desde 2021, mantenemos las mismas 14 fiscalías especializadas sin ninguna ampliación, dejando muchas regiones sin acceso a estos servicios”, explicó. Además, subrayó la urgencia de mejorar otros servicios esenciales, como los Centros de Emergencia Mujer y las cámaras Gesell, espacios diseñados para entrevistar a menores y víctimas de delitos. 
“No es un problema aislado ni surge de forma espontánea, la trata de personas está precedida por una serie de cuestiones como la violencia de género, la pobreza y los conflictos familiares, factores que aumentan la vulnerabilidad”, señaló.
Añadió que es clave considerar la discriminación de género y la insuficiente protección de menores. Así como integrar la educación y la salud mental en las estrategias de prevención de la violencia.
Crisis migratoria, criminalidad transnacional y explotación digital
El informe también destaca el impacto de la crisis migratoria en la trata de personas. Querol señaló que el discurso discriminatorio que criminaliza a los migrantes obstaculiza su inclusión social y aumenta la vulnerabilidad de las posibles víctimas.
“En los últimos años, el número de migrantes víctimas de trata aumentó en un 500%. Mientras que en 2014 no se reportaban casos de venezolanos, hoy constituyen el 85% de las víctimas extranjeras”, detalló.
Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, enfatizó que, aunque la política nacional contra la trata se estableció en 2021, es urgente actualizarla para abordar desafíos emergentes como la criminalidad transnacional y la explotación digital.
“La explotación sexual en línea ha crecido rápidamente y no está cubierta por la política actual, que carece de servicios para combatir estos delitos y enfrentar el impacto de la criminalidad transnacional, que también afecta a víctimas extranjeras y requiere un control especializado”, afirmó.
“No podemos permanecer en silencio”
Durante el evento, la embajadora de Estados Unidos en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, destacó que la trata de personas es una violación fundamental de los derechos humanos que afecta a millones de personas en el mundo.
“Frente a esta dura realidad, no podemos permanecer en silencio ni adoptar una postura neutral. Es preciso denunciar, tomar una posición clara y actuar para prevenir que los tratantes continúen esclavizando a seres humanos”, declaró. 
Por último, señaló la importancia de la colaboración entre organismos internacionales y la sociedad civil para fortalecer los esfuerzos del Estado peruano en la protección de las víctimas y la sanción de los responsables.
“El gobierno de los Estados Unidos, a través de Usaid continuará apoyando a CHS Alternativo para monitorear la implementación de la política pública en favor de las víctimas rescatadas y de aquellas que se rescatarán”, concluyó.
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