Fiscalía de la Nación presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas

La Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y otros exministros como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, por 44 muertes y 116 heridos en las protestas de 2022 y 2023.
Dina Boluarte y Alberto Otárola denunciados constitucionalmente por muertes de 2022 y 2023
Percy Salomé
Percy Salomé
psalome2003@gmail.com
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La Fiscalía de la Nación presentó este martes una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, en contra de la presidenta Dina Boluarte, y los expresidentes del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y Pedro Angulo Aranda, como presuntos autores de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, cometidos en omisión de sus funciones, por 44 muertes y 116 heridos de las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

También están denunciados los exministros de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta y César Augusto Cervantes Cárdenas, así como los extitulares del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

Boluarte y los exministros son acusados de los delitos homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, ocurridos en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en las protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo (vacado tras su golpe de Estado), que duraron hasta febrero de 2023.

Las protestas sociales ocurrieron en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.

“De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos)”, señala la Fiscalía de la Nación.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público archivó su investigación por el delito de genocidio, imputados a las mismas personas.

La Fiscalía añadió que existen 303 investigaciones fiscales a 824 personas por hechos vinculados al entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones en agravio del Estaco, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.