La Fiscalía de la Nación informó que a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el congresista David Jiménez Heredia, representante de la región Junín, por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.
La denuncia de la Fiscalía de la Nación fue presentada ante el Congreso de la República. El legislador habría cometido dicho delito al haber utilizado los servicios de Ángela Guadalupe Noblejas Pomazongo, personal del Poder Legislativo, en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Franklin Roosevelt E.I.R.L, propiedad de Jiménez Heredia.
En setiembre de 2023, un reportaje del programa Contracorriente, constató que Noblejas, pese a estar en planilla del Congreso de la república, laboraba en el negocio privado del legislador David Jiménez Heredia, una situación que al legislador no le parecía demasiado grave.
El reporte periodístico dio cuenta que la servidora del Legislativo, trabajaba en la sede en Lima del Instituto Franklin Roosevelt, en el distrito de Lince.
Por este caso, el pasado 1 de abril de 2024, la comisión de Ética del Congreso le impuso a David Jiménez una leve sanción, de una simple amonestación escrita y el pago de una multa de 60 días de su remuneración.
También denuncia a Amuruz y Magaly Ruiz
El Ministerio Público denunció también constitucionalmente a la congresista Yessica Amuruz Dulanto, como presunta instigadora del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Amuruz habría cometido el delito al haber intervenido en la contratación de Alejandra García Oviedo, Erick Alexander Enrique Tirado y Angie De Glady Gómez Acosta, en el Área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e imagen Institucional del Congreso de la República.
En el caso de la congresista Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, la denuncia constitucional es por presunta instigación a la comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, al haber buscado detener que el fiscal Richard Rojas Gómez continúe investigándola por el recorte de sueldos al personal de su despacho congresal (caso mochasueldo’).
Asimismo, por haberse interesado indebidamente en la contratación de Alex Rojas Gómez (hermano del mencionado fiscal) en su despacho congresal.
Por este caso, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra el fiscal Richard David Rojas Gómez, por los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal en agravio del Estado.