El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que el gobierno rechaza el reciente informe de Amnistía Internacional, que le atribuye ya Dina Boluarte responsabilidad mediata en las muertes ocurridas en las manifestaciones de diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Adrianzén, quien en ocasiones anteriores se ha manifestado a favor de que el Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo, sin embargo, que el Estado no se relaciona con ONG’s sino con organismo internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) “o, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“No aceptamos que se siga instrumentalizando esos hechos con fines políticos, cuando no económicos”, dijo el titular de la PCM tras reunirse en Satipo con líderes de las comunidades nativas de la selva central.
Más temprano, Amnistía Internacional, emitió su segundo informe sobre las muertes en las protestas contra el gobierno, y concluyó que la presidenta Dina Boluarte puede ser considerada como autora mediata de esas muertes, porque no hizo lo suficiente para evitar la forma en que actuaron las Fuerzas Armadas y la Policía, que dejaron 50 víctimas mortales.
Amnistía Internacional le exigió resultados al Ministerio público en su investigación a la cadena de mando que llega hasta la máxima autoridad en la Policía y las Fuerzas Armadas: la presidenta Dina Boluarte.
