El Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República resolvió imponer la sanción de cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública en contra de un funcionario de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, identificado como José Luis Álvarez Espinoza por irregularidades cometidas en el mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal que une los distritos de Salcabamba y Salcahuasi, que ocasionaron un perjuicio superior a S/ 112 mil.
La Contraloría determinó responsabilidad administrativa funcional por la comisión de conductas infractoras previstas en los numerales 9 y 16 del artículo 46 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias (Ley N°31288), sanción que -respecto a dicho funcionario- ha sido declarada consentida y, en consecuencia, firme.
Dichas disposiciones establecen que los funcionarios o servidores públicos incurren en infracción al actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participen como parte de su función para beneficio propio o de un tercero.
También se considera infracción cuando dan declaración falsa al recibir o dar conformidad respecto al cumplimiento de los contratos, incluso en caso de haber ocasionado perjuicio al Estado se consideran infracciones muy graves.
A dicho funcionario, quien asumió el cargo de Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Tayacaja de marzo de 2021 a febrero de 2022, se le abrió un procedimiento administrativo sancionador por los hechos irregulares evidenciados por el cobtrato y ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal de los distritos de Salcabamba y Salcahuasi, cuyo costo ascendía a S/ 112 mil 814.
El informe de control determinó que dicho exgerente tuvo una participación directa, determinante y una posición de dominio al otorgar conformidad a los informes mensuales del monitoreo y seguimiento de actividades realizadas por el inspector del servicio de mantenimiento, permitiendo el pago íntegro a pesar de que no cumplió con el contrato, porque debía dedicarse de manera permanente y exclusiva al servicio; sin embargo, laboraba en otras entidades.
Por este motivo, se le imputa la comisión de la conducta infractora, al haber realizado declaración falsa y habría incumplido las funciones a su cargo e inobservando las disposiciones normativas.
Cabe señalar que son siete los funcionarios de la municipalidad provincial con responsabilidad penal y administrativa, seis de ellos continúan llevando su proceso en las entidades de justicia competente por ocasionar perjuicio económico a la entidad.
