La Contraloría General de la República identificó que funcionarios del Gobierno Regional de Junín del periodo 2019-2022, liderados inicialmente por el prófugo Vladimir Cerrón Rojas, y luego por Fernando Orihuela, causaron un perjuicio económico de S/ 752 366.21 en la formulación y evaluación del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto de construcción del Aeródromo Regional, ubicado en el distrito de Orcotuna, en la provincia de Concepción.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 012-2024-2-5341-AC que comprende la evaluación del periodo del 5 de marzo de 2019 al 18 de mayo de 2022, detectó que la formulación del perfil no estaba dentro de las competencias del gobierno regional de Junín, pues era competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por ser un proyecto de carácter nacional. Más aún, cuando ya existía otro proyecto de rehabilitación y mejoramiento de pavimentos y edificio de pasajeros del aeropuerto de Jauja.
Pese a estas situaciones, advertidas incluso por el Instituto Nacional de Defensa Civil, el subgerente de Estudios y el gerente de Infraestructura del gobierno regional, ordenaron la priorización del presupuesto en el Programa Multianual de Inversiones 2019-2022.
Proyecto no se alineaba a objetivos institucionales
La decisión adoptada por los funcionarios provocó que se destine recursos del Estado a un proyecto que no estaba alineado con los objetivos institucionales y no contribuía al cierre de brechas en la población.
Aun así, el Gobierno Regional de Junín puso en marcha la convocatoria para elaborar el perfil y entregó la buena pro a un consorcio que no cumplió con presentar la experiencia profesional mínima requerida del especialista clave en costos y presupuestos, quien solo acreditó dos de los tres años que exigían las bases.
El informe también detalla que los funcionarios dieron conformidad y pagaron por avances de informes que estaban incompletos. También validó el pago indebido de los especialistas que evaluaron el perfil.
Tras la resolución del contrato el consorcio demandó en un laudo arbitral al Gobierno Regional de Junín, el cual perdió, situación que genera un perjuicio potencial a la entidad de S/ 2 483 441.22 por concepto de costos y costas del proceso.
Producto de este conjunto de irregularidades, la Contraloría identificó responsabilidad penal y administrativa en diez funcionarios del gobierno regional.
[Información de la Contraloría]
