Qué ilusas/os en pensar que después de la Pandemia cambiaríamos como país y entenderíamos la vitalidad de fortalecer la salud pública en el Perú. Hemos sido testigos de una época de terror con miles de personas que murieron, muchas de ellas por la falta de atención oportuna y el abastecimiento de infraestructura, medicamentos que eran necesarios para enfrentar la crisis sanitaria.
Hubo situaciones en las que, si no tenías dinero, literalmente te morías y pareciera que en ese escenario este gobierno ilegítimo quiere colocar a los peruanos y peruanas.
La salud pese a ser un derecho reconocido en nuestra Constitución Política no está plenamente garantizada y si bien debe haber una garantía integral a todas las personas por su mera existencia, hay que resaltar que su incumplimiento está asociado a la falta de cobertura de derechos laborales que no provee seguridad social y otros beneficios. Esa situación traslada la responsabilidad a las propias personas de cautelar por sí mimas sus derechos.
El cuento del emprendedor y emprendedora como el camino del “éxito”, no es más que una estrategia mercantilista que libera al sistema de garantizar derechos y así que cada quien baile con su propio pañuelo. Quien tiene el dinero ejerce derechos, quien no, aplaude, a eso se ha reducido las condiciones de vida digna que debieran abrazar a todos y todas sin distinción.
La propia atención en EsSalud o el Ministerio de Salud es caótica, no es de calidad, no permite el tratamiento permanente y oportuno, no garantiza que se brinden diagnósticos precisos, entre otras problemáticas. Las personas no tienen ni siquiera la posibilidad de acudir a establecimientos de atención en salud, ni a aquellos privados de baja calidad que abundan por doquier, muchas acuden a farmacias para automedicarse y algunas a la atención médica cuando la situación está realmente grave.
Así vemos cómo muchas otras se invalidan laboralmente solo porque sienten que el cuerpo ya no les da más y nunca accedieron a un establecimiento médico para cautelar su bienestar. Las realidades son diversas pero el problema neurálgico está en que esto impacta a una población significativa de nuestro país.
Quien tiene el dinero ejerce derechos, quien no, aplaude, a eso se ha reducido las condiciones de vida digna que debieran abrazar a todos y todas sin distinción.
La experiencia del goce al derecho a la salud -tal y como debe entenderse- es bastante lejana para la mayoría de peruanos y peruanas, ya es un privilegio en el Perú, pues quienes tienen dinero pueden costearla, asistir a clínicas e ignorar la realidad común; quienes no, no les queda más que sobrevivir. Por eso mismo, la no prórroga del D.U. N° 007-2019, que implica que las farmacias ya no estén obligadas a vender medicamentos genéricos crea escenarios discriminatorios, perjudiciales, que amplían las brechas ya existentes y que por ende coloca en riesgo la salud y derechos conexos de una población ya carente de los mismos.
¿A quiénes perjudica esta situación y a quiénes beneficia? Evidentemente beneficiará a las industrias farmacéuticas, quienes lucrarán a costa de la vulneración de un derecho tan esencial como la salud. Como siempre, las y los más afectados son quienes no pueden costear medicamentos encarecidos por este sistema que mercantiliza hasta la vida misma. Y también pacientes crónicos que requieren de un medicamento día a día y que tampoco gozan de la cobertura universal en la atención médica.
El ejercicio del derecho a la salud debe ser visto con integralidad. Por ello es importante entender que el acceso a los medicamentos es un componente fundamental en este derecho. La salud se aborda desde la atención médica, la prevención, el control de las enfermedades de manera colectiva, el acceso oportuno y demás acciones que las y los especialistas en salud pública las abordan de manera más idónea.
Las industrias farmacéuticas lucrarán a costa de la vulneración de un derecho tan esencial como la salud y, como siempre, los más afectados son quienes no podrán costear los medicamentos encarecidos por el propio sistema que mercantiliza hasta la vida misma.
Por el lado legal, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos precisa en su artículo 25° que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, (…), asistencia médica y servicios sociales necesarios (…)”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comprende que es derecho de toda persona el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La OMS reafirma que el derecho a la salud es el goce máximo de salud que se puede lograr. Y es un derecho fundamental de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
A partir de ello se comprende que la salud como derecho fundamental nunca debe carecer los siguientes aspectos: i) disponibilidad, ii) accesibilidad, iii) aceptabilidad y iv) calidad, para lo cual los Estados deben establecer medidas para: i) respetar, ii) proteger y iii) cumplir.
Entonces, ¿de qué derecho a la salud estamos hablando en el Perú si se amplía la brecha para el acceso a medicamentos y se traslada la responsabilidad al/a la paciente? Imaginen las múltiples realidades: una madre víctima de violencia económica no podrá ni comprar un paracetamol para calmar la fiebre de su menor hijo, una paciente de artritis sin seguro social y que no puede trabajar con dificultad comprará la prednisona, un estibador víctima de la explotación laboral no podrá comprar ni un naproxeno cuando sienta dolor para seguir en su día a día.
No hay otra mirada si no la de promover una política pública nacional que garantice medicamentos a las personas con igualdad y sin discriminación
Es claro que el problema va más allá, pero el que no se asegure medicamentos genéricos disponibles en las farmacias hace que la situación sea más difícil.
Hay quienes piensan que esto no les afecta directamente, viven en su burbuja de realidad, lo cual evidencia la degradación del sentido de comunidad, al que ha llevado el más absoluto individualismo perverso que nos hace olvidar que somos parte de una sociedad. Permitir la vulneración de derechos hace que en cualquier momento los derechos de quienes tienen privilegios también sean afectados.
No hay otra mirada si no la de promover una política pública nacional que garantice medicamentos a las personas con igualdad y sin discriminación, con un enfoque especial para quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. El Estado peruano tiene la obligación de garantizar el acceso de medicamentos esenciales y no esenciales; que estén disponibles en todo el territorio.
Repensar en forjar un sistema social, político y económico distinto no es descabellado. En nuestro modelo actual el bienestar, e incluso la propia vida digna, depende del dinero, lo cual es parte del modelo neoliberal que se glorifica como lo mejor que nos pudo pasar. La salud es un negocio y la realidad es que las personas que no tienen recursos necesarios para cuidarla no ejercen este derecho.
¿A dónde más vamos a llevar a nuestro país con la indiferencia ciudadana?
