La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) impuso dos multas al Partido Aprista Peruano – Comité Regional Junín, por demoler ambientes interiores de su casona de adobe ubicada en el Jr. Ica N°331, y haber realizado una construcción con material noble, sin contar con los permisos correspondientes.
Por versión de los vecinos, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPH tomó conocimiento de que la noche del 25 de enero último, maquinarias retiraban escombros del local aprista y le otorgó al APRA 48 horas para regularizar las modificaciones del predio. Pero el partido incumplió y el 30 de enero fue multado con el 10 % del valor de la antigua estructura por demolición ilegal y con otro 10% del valor de la nueva edificación, por construcción irregular.
“El partido aprista pensaba que solo con una resolución de Seguridad Ciudadana que declara la propiedad en riesgo se podía hacer la demolición, siendo el procedimiento correcto que soliciten una resolución de demolición aquí”, señaló Walter Páucar, titular de dicha Gerencia.
La nueva ‘casa del pueblo’
En la histórica casona de adobe también se construyó con ladrillo y cemento un salón de 80 m² que sería uno de los primeros pasos de los militantes para consolidar su intención de remodelar el predio.
“Los fiscalizadores han advertido que hay indicios de que se pretende iniciar ya con la construcción de un segundo piso, pese a que el primero no cuenta con licencia de edificación, por lo que también fue multado”, explicó Walter Páucar.
Mediante su página de Facebook ‘APRA Región JUNÍN’, militantes de este partido convocaron el último sábado a una pollada pro fondos para la nueva “casa del pueblo” y a una teletón de materiales como cemento y fierros, coincidiendo con la alerta municipal de que pretende continuar con la construcción pese a la ausencia de permisos.
Walter Páucar precisó que los representantes del partido aprista aún tienen cuatro días hábiles para presentar sus descargo ante las multas impuestas. De persistir con la construcción podrían ser multados por desacato, e incluso podría ordenarse la demolición de la edificación construida ilegalmente.
Al ser consultada sobre el tema por Huanca York Times, Jacqueline Santos, secretaria regional del APRA, evitó dar detalles y solo mencionó que ya están realizando los trámites correspondientes.
