El constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molledo, experto en pueblos indígenas y Amazonía, sostuvo que las bancadas del Congreso se han confabulado para promulgar la autógrafa que modifica la Ley Forestal, publicada este jueves en las normas legales del diario El Peruanoo.
“El crimen organizado está en el Congreso y los grandes taladores ilegales se han confabulado con las bancadas para aprobar la ley antiforestal que atentan contra la Amazonía y los pueblos indígenas y los aislados”, afirmó el especialista en diálogo con Huanca York Times.
La Ley publicada, explica el experto, suspende la zonificación forestal, excluye al Ministerio del Ambiente para emitir opiniones técnicas, facilita el despojo de los terrenos de propiedad de comunidades indígenas, campesinas y de pueblos no contactados, entre otros aspectos.
Ley para la impunidad
El constitucionalista, también abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señala que “estas modificatorias permitirán la impunidad frente a delitos graves contemplados en el artículo 310 del Código Penal que se cometan en la Amazonía, los pueblos indígenas, pueblos no contactados y comunidades campesinas”.
Como consecuencia, dice Ruiz, “Gracias a la nueva “ley de deforestación” aprobada por el Congreso se caen todos los procesos penales contra los taladores ilegales y contra las empresas de palma aceitera que han deforestado de manera irregular”. Las investigaciones policiales, fiscales y los procesos judiciales penales serán archivados, generando impunidad para los deforestadores.
El artículo 310 del Código Penal tipifica delitos como: tráfico ilegal de productos forestales maderables, obstrucción de las investigaciones relacionadas a la extracción, transporte, transformación, reexportación o importación de especímenes de flora y fauna silvestre, entre otros y sus formas agravadas
Demanda de inconstitucionalidad
Por su parte, el decano del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, Majed Velásquez Veliz, y siete abogados, entre ellos nuestro entrevistado, Juan Carlos Ruiz, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta “ley antiforestal”, ante el Tribunal Constitucional.
En un documento de casi 100 páginas, los demandantes sustentan con argumentos que estas modificatorias son inconstitucionales porque no fueron consultada a las organizaciones de comunidades indígenas, tal como corresponde.
Otros argumentos, explican, es el impacto de la aplicación de estas modificatorias en la deforestación de la cuenca amazónica, en las consecuencia del cambio climático, los suelos, la violación a normas que protegen el sistema forestal en el derecho al bienestar de poblaciones amazónicas, campesinas y pueblos no contactados en ambientes que les proveen de recursos para vivir y también a la fauna y flora que ocupan.
“Estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero no vamos a retroceder en defensa de nuestras más de 2600 comunidades nativas del Perú, y un promedio de 670 que carecen de título, de perder sus tierras y están en alto riesgo de perderlas”, enfatizó Ruiz.
“Detrás de todo esto están los lobby en el Congreso asociados con los grandes madereros que son taladores ilegales”, señaló Juan Carlos Ruiz.
También respaldan esta demanda de inconstitucionalidad, más de 40 colectivos ambientalistas y derechos humanos.
La Ley 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por insistencia por el el Congreso, publicada este jueves en el diario oficial El Peruano, lleva las firmas del presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto Reyes, y de su vicepresidente, Waldemar Cerrón Rojas.
Demanda Inconstitucionalidad Contra Ley Antiforestal 11.01.2024 by Huanca York Times on Scribd
