Con los votos en mayoría de tres de sus integrantes, el Tribunal Constitucional ordenó este martes la libertad de Alberto Fujimori, quien purga condena de 25 años por crímenes contra los Derechos Humanos, en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez ordenaron al INPE la inmediata liberación de Alberto Fujimori, en contra de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado Peruano abstenerse de excarcelar al exjefe de Estado.
“Declarar FUNDADO el recurso de reposici6n en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022, recaída en el presente proceso; en consecuencia, de conformidad con el articulo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ORDENA que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad”, resuelve el auto de reposición del Tribunal Constitucional.
El Tribunal también le llamó la atención al juez Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, por haberse negado a ejecutar la libertad de Fujimori y devolver el expediente al máximo ente constitucional.
Recordemos que el 24 de diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, concedió un indulto a Alberto Fujimori y el tres de octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que dicho indulto carecía de efectos jurídico, confirmada luego, y el 23 de enero de 2019, Alberto Fujimori reingresó al centro penitenciario de Barbadillo.
Pero el 17 de marzo de 2022 el Tribunal Constitucional, de mayoría fujimorista, declaró fundado una demanda de habeas corpus, que repuso el indulto a favor de Fujimori.
Inmediatamente, en una sentencia de supervisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el estado peruano se abstenga de ejecutar el indulto, por haber sido dada como efecto de una negociación política, sin cumplir la resocialización necesaria ni demostrar un estado de salud que ponga en riesgo su vida.
En su resolución, los magistrados del TC señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tiene competencia en supervisión del cumplimiento de sentencias, a fin de disponer la inejecutabilidad de una sentencia.
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