Diversas autoridades se mostraron a favor de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1578, en la que se establece hasta 30 años de prisión efectiva para los delincuentes que persistan en el robo de celulares.
Wilmer Prado Estrella, alcalde del municipio distrital de San Juan Bautista, dijo que se necesitan leyes más severas para luchar contra la inseguridad en las calles, pues aseguró que muchos de los ladrones que son capturados por la Policía o serenos son liberados horas después por disposición del Ministerio Público.
“La municipalidad solo tiene 30 serenos que resguardan las calles para una población de más de 50 mil habitantes, lo cual es insuficiente para atender de manera oportuna las intervenciones”, comentó.
Explicó, además, que los delitos más comunes en su distrito son el arrebato de celulares, robo de autopartes, intervenciones a micro comercializadores de droga, violencia familiar y por alteración al orden público.
NORMATIVA
Desde su promulgación, el pasado 18 de octubre de 2023, la pena por robar un aparato móvil será no menor de 12 años ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad.
No obstante, si el robo se efectúa con el empleo de motos lineales o si se utilizan explosivos durante el asalto, las penas serán no menores de 20 años y podrían llegar has los 30 años.
Dicho decreto, asimismo, da cuenta que si una persona compra un celular robado podría ir a la cárcel de cuatro a seis años, y si proviene de un robo agravado la pena irá desde seis a 12 años de cárcel.
Respecto al tema, el alcalde de la municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres, Edwin Gavilán, refirió que hace días se aprobó Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2024-2027, donde se abordó las acciones urgentes a fin de reducir los índices delictivos en su jurisdicción.
La autoridad edil mencionó que una de las principales limitaciones para hacer frente a la delincuencia es el poco presupuesto que se destina en la contrata de serenos y la implementación logística (adquisición de vehículos y modernas cámaras de seguridad).
Agregó que la normativa legal ayuda en cierta medida a que se reduzca este tipo de delitos; no obstante, advirtió que aún falta mucho por trabajar en coordinación con las juntas vecinales, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los gobiernos locales.
Por su parte, el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Gustavo Pacheco- Villar, aseveró que una de las alternativas que permitirían reducir las cifras es intensificar los operativos en tiendas en donde se venden aparatoso móviles, en muchos casos, de dudosa procedencia.
En esa línea, refirió que estas acciones tendrían que ejecutarse en establecimientos comerciales, ferias y de comercio ambulatorio de venta de celulares, pues son los lugares a donde acuden los ladrones para vender todo lo sustraído.
De acuerdo a un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre seguridad ciudadana, se sabe que en Ayacucho 6 de cada 100 personas son víctimas de incidentes delictivos, donde los adolescentes, de 15 años, son un grupo vulnerable para los malhechores.
El informe precisa que no todos proceden a interponer una denuncia por diferentes razones; entre ellas porque lo consideran una pérdida de tiempo.
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