Es importante recordar que la estabilidad de la salud mental no recae únicamente en la voluntad de la persona bajo los falsos discursos mercantilistas de coach y otros espacios “motivacionales” que da la sensación de “estar bien” depende solo de ti.
En una sociedad sin justicia social, en situación de pobreza, con un sistema sanitario público totalmente deficiente, con amplias brechas de desarrollo, racista, clasista y donde la violencia de género es una recurrente en el día a día, “estar emocionalmente bien” es una tarea titánica.
El sistema capitalista nos intenta instaurar en el sentir colectivo que los derechos son responsabilidad individual, que el pobre lo es porque quiere y que la salud mental es parte un asunto de actitud: no importa las ganas y energías que le pongas a la vida, pues siempre hay que estar “con buena cara” frente a las adversidades.
“En 2021 Junín contaba con 3 especialistas en salud mental del sector privado, 11 adscritos a la Dirección Regional de Salud, 1 en Essalud y ninguno en los gobiernos locales, Demunas o sanidad de la PNP. ¿Cómo garantizar este derecho si no contamos ni con el personal para su atención?”
Ello trivializa todas aquellas aristas involucradas para que una persona cuente con el derecho plenamente garantizado a la salud, que incluye la salud mental.
¿Cómo le pedimos a un padre de familia, explotado laboralmente que no tiene acceso a un seguro de salud, que a duras penas llega a cubrir las necesidades básicas de su familia, que retorna a su casa a altas horas de la noche y enfrenta la criminalidad cotidiana de las calles que se sienta feliz porque todo depende de su actitud positiva frente a la vida?
¿Cómo le pedimos a más del 80% de la PEA en el Perú que trabaja desde la informalidad y vive del día a día que su tranquilidad, estabilidad y salud mental depende solo del “sí se puede”?
¿Cómo le pedimos a una mujer víctima de violencia dentro de su hogar, que además de sobrevivir a diario a las agresiones, que trabaja de manera informal en las calles, que es sometida a la violencia de las autoridades municipales y que carga con la responsabilidad exclusiva de la crianza y cuidado de sus hijos que se sienta bien porque la felicidad depende de ella?
La salud mental es un derecho humano, por ende, no debe ser excluyente y su acceso debe ser en igualdad de condiciones, sin discriminación y de manera oportuna, sin embargo, las políticas públicas implementadas para garantizar este derecho en el Perú son insuficientes.
Conforme lo declara la jefa de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud al portal Salud con Lupa, en el 2022 los trastornos mentales más recurrentes están asociados a la ansiedad, depresión, estrés agudo y síndromes de maltrato que incluyen el maltrato infantil y la violencia contra la mujer, y los cuadros de psicosis. Esto debiera ser un indicador importante a tomar en cuenta por el Gobierno actual, que más allá de emprender acciones de “limpieza reputacional” sigue sin asumir estrategias básicas para enfrentar los principales problemas del país.
Estos problemas en salud mental, no deben verse solo como situaciones particulares, pues si bien se debe seguir apuntando al tratamiento de la persona con calidad y gratuidad, se debe evaluar el contexto social que impacta en la vida de la gente y mitigar riesgos a nivel colectivo.
Concentración de servicios de salud mental en Lima
Si bien en el año 2019 se promulgó la Ley de Salud Mental, Ley N° 30947, que tiene como propósito garantizar el acceso a los servicios de salud mental, incluyendo aspectos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, aún se registran brechas propias de un país centralizado como el nuestro en donde la sola atención es un privilegio de pocas personas.
Solo Lima concentra el 41% de los establecimientos en salud mental y el 74% de los profesionales psiquiatras colegiados, según la investigación realizada por el diario El Comercio.
Al 2021 Junín contaba con 3 especialistas del sector privado, 11 adscritos a la dirección regional de salud, 1 en Essalud y ninguno en los gobiernos locales, Demunas o sanidades de la PNP. ¿Cómo pretendemos garantizar este derecho si no contamos ni con el personal especialista para su atención?
Seguir trabajando por la salud mental es un tema vital, lo cual incluye también luchar contra la estigmatización que existe sobre el tema, así también promover que su acceso no sea el privilegio de quienes pueden pagar el servicio (que por cierto es costoso) sino que se encuentre al alcance de todas las personas sin discriminación.
La salud mental es un asunto de salud pública, no de coach y demás espacios mercantilistas que buscan lucrar a costa de los deseos de la gente de sentirse bien en medio de una sociedad que les es injusta y adversa.
