Amadea Felipa Tello de Tenicela tiene 93 años de vida, pero su edad y que haya perdido la audición no impidieron que los tres jueces de la Cuarta Sala Penal Superior escuchasen su voz pidiendo justicia para las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).
La hija de Amadea, Cory Tenciela Tello desapareció en octubre de 1992, hace 31 años, y desde entonces no ha dejado de buscarla con la esperanza de encontrarla. Cory estaba tramitando su título universitario cuando desapareció.
“No he vuelto a verla, pero si la sueño”, relató Amadea a los jueces jueces Miluska Cano López, Herbert Llerena Lezama y Otto Verapinto Márquez, miembros de la Cuarta Sala Penal Superior, que llegaron a Huancayo a escuchar el testimonio de 52 familiares de víctimas de la UNCP, desde este lunes 23 de octubre.
“Ahora, antes de venir aquí, a su hororable despacho de ustedes, la he soñado dos veces. Yo decía para qué, y era para venir acá”, contó Amadea, quien recibía la ayuda de la fiscal Gisela Astuhuamán, quien la interrogaba muy cerca del oído izquierdo y le repetía las preguntas de los otros abogados y de los jueces, con autorización del tribunal.
“Me he enterado en la radio, en la tele, que el Ejército ha llegado a la “Uni””, dijo Amadea y responsabilizó de la desaparición de su hija a los miembros de las fuerzas del orden, porque, dijo, “el Ejército, la Policía, sin compasión a los inocentes chicos y chicas, han sido asesinados; en los periódicos salía”.
Cory Tenciela Tello es una de las 68 víctimas del emblemático caso de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos cometidas en la UNCP entre 1989 y 1993, en el periodo de la violencia política.
El juicio, en el cual están acusados tres excomandantes generales de la 31 Brigada de Infantería de Huancayo, se encuentra en su fase oral y esta vez toca escuchar a los familiares de las víctimas, ofrecidos como testigos por la Fiscalía Superior especializada en Derechos Humanos.
“Pido justicia no para mi sola; para todos los que sufrimos desde el ‘92”, exhortó Amadea en la primera audiencia descentralizada realizada en la Corte Superior de Justicia de Junín.
En la audiencia brindaron su testimonio también Victoria Concha Torres de Navarro, familiar de Miriam Navarro Concha, asesinada en agosto de 1992; Aurora Soto de Salvatierra y Lourdes Teresa Salvatierra Soto, testigos del asesinato de Flor Salvatierra Soto en agosto de 1992.
También testificaron Lina Toralva de Ñaupari (83), por el el asesinato de su hijo Luis Ñaupari, el 27 de agosto de 1992. Asimismo, María Gómez Vilca (88), familiar de Edgar Granados, asesinado en setiembre de 1992.
Nazaria León de Espinoza testificó (71) testificó en el asesinato de Gladys Espinoza, el 27 de julio de 1992.
Para este martes están citados 14 testigos, en las desapariciones de Wilton Esteben Barzola, Alida Pérez Valle y Edgar Chahuayo; y en los asesinatos de Justiniano Vicente Rivera, Rolando Ricse Colonio y Peter Cosme Ureta.
