Junín es una de las regiones que más películas ha logrado estrenar de manera comercial en los últimos años, logrando el reconocimiento nacional como una región fértil para el cine. Cineastas como Jhaqueline Riveros, Hans Matos, Rómulo Sulca, Luis Basurto, Nilo Inga, Herbert Salas, Omar Sapaico, Eduardo Orcada, Wari Gálvez, entre otros; son reconocidos a nivel nacional.
Muchos de ellos han sido beneficiados con los estímulos económicos para sus producciones, no solo para el rodaje, sino la escritura del guion, la producción, la distribución, e incluso para que fortalezcan sus capacidades en el extranjero e impriman esos conocimientos en sus producciones. La Ley de Cine de la congresista Tudela quiere acabar con todo eso.
La Ley del Cine en la historia
La primera Ley de Cine en el país fue la Ley Nro. 19327 de 1972 Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica, promulgada en el gobierno de Velazco, una norma que revitalizó la industria del cine nacional y promovió entre otras cosas incentivos para la importación de equipos, inafectación de impuesto a la renta, facilidades crediticias y financieras, y un régimen de distribución y exhibición obligatorio previa calificación. Esto último lo recuerdan mucho nuestros padres pues en las salas de cine obligatoriamente se pasaban cortos y hasta mediometrajes peruanos, había lo que hoy llamamos una cuota de pantalla obligatoria para la producción nacional, en nuestros más de siete cines de Huancayo.
El gobierno de Fujimori deroga esta norma y en 1994 promulga la Ley Nro. 26370 Ley de la Cinematografía Peruana, Ley que elimina todos los incentivos fiscales y financieros y también la obligatoriedad de exhibición y distribución. La norma fujimorista además crea el Conacine (Consejo Nacional de Cinematografía), conformada por representantes de distintos sectores del cine y una mínima representación del estado peruano. La norma crea además los estímulos económicos a manera de concurso y es el Conacine el encargado de la organización de estos. Durante mucho tiempo esta fórmula tuvo muchas críticas pues evidenciaba cierto favoritismo por un cine limeño.
Tras la creación del Ministerio de Cultura, el Estado pudo recuperar la administración del fondo concursable y ampliarlo, ensayando una fórmula similar a la que se usaba en los países de la región. Se convocó a los gremios para en consenso mejorar el procedimiento, se invitaba a jurados internacionales de ser el caso para hacer la elección más objetiva, se crearon nuevas líneas de financiamiento dándole prioridad a las regiones y se intentaron fórmulas legales para la aplicación de modelo.
Desde el 2016, conjuntamente con los gremios cinematográficos, se construye una nueva norma que es aprobada el 6 de diciembre de 2019 mediante el Decreto de Urgencia N° 022-2019 Decreto de Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual.
Esta nueva norma oficializa los estímulos económicos y no dinerarios. Es una norma descentralista que pone el ojo en las regiones y en las poblaciones excluidas y genera opciones para el acceso y cerrar brechas lingüísticas y de género, además genera un marco para las donaciones, le da la posibilidad a la televisión pública de participar en producciones, protege los contratos de distribución y exhibición para que no puedan ser unilateralmente terminados.
Además, da el marco legal para que el Estado pueda entregar estímulos económicos a otras industrias culturales como la editorial, la musical y las artes (en las cuales hay muchos beneficiarios en Junín). Evidentemente esta Ley es insuficiente pues quedan por fuera incentivos tributarios, cuotas de pantalla y lo más importante la necesidad de garantizar la preservación fílmica a través de una cinemateca como lo tienen todos los países de la región.
Propuesta de congresista Tudela es un despropósito
La propuesta de la congresista Tudela es ofrecer el 50 % de incentivos solo para el rodaje, eliminado todas las otras líneas de financiamiento, además abriría la cancha para que producciones internacionales también puedan ser financiadas, compitiendo de igual a igual con producciones de regiones, lo cual es un despropósito.
El peligro de la Ley Tudela es querer legislar sobre una industria donde no tiene la menor idea de su funcionamiento, y en donde además no ha participado en su diseño ningún gremio cinematográfico, desapareciendo con ello los estímulos a las industrias culturales, lo que nos pondría, como dice Santiago Alfaro, en el sótano de las políticas culturales de América.
En favor de la Ley Tudela se ha cuestionado que los estímulos favorecen a una argolla y que tienen una preferencia ideológica de izquierda. Nada más lejos de la verdad, pues es un instrumento muy objetivo, perfectible, pero objetivo.
En el 2022 en Huancayo se rodó la película “Tayta Shanti” de Hans Matos, beneficiaria de los estímulos, y pude ver que proporcionó trabajo directamente a medio centenar de personas, entre técnicos, actores y equipo de producción, sin contar los servicios que contrataron en Huancayo, lo cual extiende a los beneficiarios.
La película se estrenó en el festival de cine de la Universidad Católica y estará próximamente en salas comerciales mostrando el Valle del Mantaro y una de sus fiestas más importantes.
El peligro de la Ley Tudela es que en las pantallas, al ver el Perú, no veamos la diversidad cultural, en este caso el Santiago, sino veamos un cine urbano y limeño que no da cuenta de lo que es el país. La Ley Tudela es un peligro para el cine regional y para todas las industrias culturales de nuestro país.
