Walter Albán, sobre investigación a la Junta Nacional de Justicia: “Ya no nos queda otro camino que la protesta ciudadana”

La arremetida del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia pone en riesgo la independencia de poderes del Estado y para defenderla no queda otro camino que el de la protesta ciudadana, señala en esta entrevista Walter Albán, exdefensor del Pueblo.
Exdefensor del Pueblo, Walter Albán
Luciana Zunino
Luciana Zunino
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Para la democracia, la separación de poderes es un principio fundamental. El Poder Legislativo podría destituir a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, para el cual la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso amplió por 14 días su investigación a los magistrados: Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.

El exdefensor del Pueblo Walter Albán sostuvo en este diálogo con Huanca York Times que ante el peligro de perder la democracia, ya no queda otro camino que la protesta ciudadana. . 

¿Se empieza a caer el circo?

Las investigación a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se ha prolongado por más tiempo, ya que desde el Congreso se empezó a debaratar el caso y no consigue pruebas: Tanto el presidente del Poder Judicial –Javier Arévalo– y la jueza Elvia Barrios niegan haber sido amenazados o cohersionados por la JNJ. Ahora la función se trasladará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Tras el plazo definido, todos los miembros podrían ser removidos de sus cargos. Esta moción fue aprobada por el Congreso tras el pedido de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, con el apoyo del fujicerronismo y sus aliados (Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Somos Perú, Unidad y Diálogo, Bloque Magisterial y no agrupados).

Entre otros objetivos, la investigación busca desacreditar las investigaciones a [la fiscal de la Nación] Patricia Benavides.

Comisión de Justicia en la citación a Javier Arévalo y Elvia Barrios para cuestionarles si la JNJ les ha presionado para no inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos.
,  Comisión de Justicia en la citación a Javier Arévalo y Elvia Barrios para cuestionarles si la JNJ les ha presionado para no inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos. Foto: Diego Quispe

Luego de la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura por el caso Cuellos Blancos, en 2l 2019, fue reemplazada por la JNJ, encargada de escoger y nombrar a jueces, fiscales y designar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), así como ratificarlos y sancionarlos.

Allí reside la independencia que debe tener el Poder Judicial del poder político -para no politizar la justicia-. Lo que está en riesgo, después de la defunción de la Defensoría del Pueblo y la Sunedu, son la JNJ y con ella el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, la RENIEC, la Fiscalía y el Poder Judicial.  

Un breve análisis con el exdefensor del pueblo Walter Albán

¿De qué manera este proceso sumario es un golpe institucional, violatorio de la Constitución y el derecho internacional? ¿Cuál es tu interpretación?

Sin duda, creo que estamos frente a una política autoritaria desde el Congreso de la República. Hay también alianzas cada vez más evidentes con la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, que está claramente en un conjunto de irregularidades y delitos. Alianzas implícitas por las cuales ella (Benavides) es funcional a lo que el Congreso quiere obtener, entre otras cosas tapar investigaciones que no desean puedan profundizarse en el Ministerio Público.

Por esto ella es blindada por el Congreso.  Tomado la JNE y la JNJ, se impediría que la fiscal sea sancionada y también permitiría elegir a los reemplazos con una comisión especial que estaría integrada por toda la gente que el Congreso ha colocado irregularmente en estos cargos: el Tribunal Constitucional, presidente del Poder Judicial, la Fiscal, el Contralor, etc.

¿Podríamos hablar de una dictadura congresal? ¿Por qué?

Cada vez más. Estamos, con estas particularidades, volviendo a lo que fue el Perú de los años 90 bajo el autoritarismo de Alberto Fujimori. Hemos vuelto a la década de los 90, dirigido todo esto por el Congreso. Todo indica que la señora Fujimori, como se ha dado cuenta que no pudo llegar al poder de forma democrática,está tratando de cortar camino para lograrlo con un control férreo del sistema electoral y demás.Esto demuestra que el problema no es ideológico: Existen alianzas con las organizaciones que llegaron al Congreso respaldando la presidencia del señor Castillo libre. Como Cerrón de Perú Libre y otros más. Es una alianza no política, sino mafiosa.

 

Carlincatura del 23 de septiembre para La República
Carlincatura del 23 de septiembre para La República

¿Qué pasará a continuación en su opinión, si el Legislativo toma el Judicial y desaparece la separación de poderes?

Ya no nos queda en el Perú otro camino que el de la protesta ciudadana. Estas son las situaciones extremas donde si no queremos que nuestro país deje de ser democrático,  cada peruano y cada peruana, -sin necesidad de sentirse de derecha o izquierda-,  tenemos que ya decir basta y movilizarnos,  no queda otra porque los caminos legales institucionales prácticamente han quedado cerrados.

¿Qué podría decirnos en torno al rechazo del gobierno a organismos internacionales de DDHH?

Están, desde el gobierno, intentando cerrar también el acceso al sistema internacional. Me refiero al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De un lado, cada peruana y peruano que se sienta atropellado debería poder recurrir al sistema internacional, sobre todo ahora que internamente no hay garantías ni condiciones para obtener ningún resultado. Por otro lado, podríamos decir que desde el gobierno se protegen ellos mismos porque saben que en algún momento van a tener que rendir cuentas sobre esta situación.

Yo creo que si continúa esta situación y están decididos hacerlo destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia vamos seguramente a regresar o alguna de alguna manera a lo que ocurrió cuando restituyeron a los tres magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que probablemente vayamos a repetir una experiencia de esa naturaleza.

Entonces, parece ser que la historia se repite, irónicamente por la misma familia. ¿En qué se parecen y diferencian  el caso  Enrique Chirinos Soto, en la época de Fujimori y lo que ocurre actualmente con su hija Patricia Chirinos?

Yo creo que si continúa en este empeño y desde el Congreso están decididos a destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia vamos, seguramente, a regresar o alguna de alguna manera a lo que ocurrió cuando restituyeron a los tres magistrados del Tribunal Constitucional (a cargo de Chirinos padre) pero eso fue, recordemos, el principio de la caída del régimen de Alberto Fujimori y yo creo que aquí vamos a probablemente repetir una experiencia de esa naturaleza.

Sin embargo, esta comparación entre Chirinos padre e hija es anecdótica. Claro, cuando fue la destitución totalmente abusiva de los tres miembros del Tribunal Constitucional por Enrique Chirinos Soto, dentro del Congreso el responsable fue el padre de la congresista Patricia Chirinos y hasta ahí están las semejanzas.

Pero hay también algunas diferencias importantes. Chirinos Soto era pues una persona que tenía una formación y una solidez académica muy fuerte en materia constitucional, cosa que en absoluto tiene la hija. Entonces, hay sus coincidencias, pero también enormes diferencias.