La Red de Medios Regionales del Perú invitó a los representantes de las instituciones que salieron al frente para cuestionar el último intento del gobierno de Dina Boluarte por criminalizar la labor del periodismo. Ellos participaron en una entrevista conjunta sobre “Libertad de expresión en riesgo: amenazas contra la prensa”, y las advertencias que nos dejaron.
Para Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto de prensa y Sociedad (IPYS), existe una falta de comprensión, o “ADN autoritario” en los políticos peruanos, en relación con la libertad de expresión que se manifiesta cada cierto tiempo en arremetidas contra la libertad de expresión, tanto desde el Congreso o poder Legislativo, como desde el poder Ejecutivo.
Esos atentados no solamente van en contra de los periodistas, sino de hecho, contra toda la ciudadanía a nivel general. Esto, porque el periodista es el canal entre la ciudadanía y el Estado y la ciudadanía y el poder, advierte Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CCP).
En las regiones del país, a estos atentados se suma la discriminación a la prensa local, tal como lo recuerda Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), institución que denuncia que periodistas locales son usualmente relegados de los espacios a los que asisten representantes del Ejecutivo nacional.
La modalidad de ataque a la libertad de expresión depende del régimen
Roberto Pereira refiere que las arremetidas contra la libertad de expresión se dan tanto desde el Congreso como desde el Poder Ejecutivo. Pero también desde los gobiernos regionales, donde hay periodistas que son acosados o perseguidos judicialmente por las autoridades locales debido a la falta de entendimiento o comprensión de lo que es la libertad de expresión.
“La modalidad de los ataques va a depender del tipo de régimen, si es más o menos autoritario. “En la época de Fujimori se compraba medios de comunicación. También se difamaba a los medios de oposición para restarles credibilidad. Se generaba y promovía medios afines para atacar a la prensa independiente o crítica”, recuerda Pereira.
En cambio, añade, lo que vemos ahora es una “arremetida para desmontar el marco legal de protección de la libertad de expresión”. Y eso viene ocurriendo en el Congreso de la República desde el año 2015, con más de 90 proyectos de ley que afectan este derecho básico en una democracia.
Pero también desde el Ejecutivo hay ataques contra la libertad de expresión, como se vio en campaña, con la intolerancia de Castillo y ahora con la presidenta Boluarte, que expresa también animadversión hacia la prensa crítica.
“Para ellos, la libertad de expresión es la libertad de un órgano de expresión del gobierno; que, a su vez, es el órgano de expresión del pueblo. Lo que ellos entienden por pueblo”, sostuvo Pereira.
La libertad de expresión tiene una dimensión institucional
Roberto Pereira Chumbe explica que se atenta contra la libertad de expresión desde donde está el poder. “Es mayor el atentado desde el poder político; en segundo lugar, el poder económico; y, en algunos casos, es posible advertir autocensura y sesgos en la información”.
Resaltó que el derecho a la libertad de expresión no es únicamente un derecho individual. Tiene una doble dimensión, individual o colectiva e institucional, que es el derecho de todos a recibir información diversa.
“Cuando se afecta la libertad de expresión de un medio, de un periodista de un comunicador, en realidad no solamente se está afectando a ese comunicador, sino a todos los usuarios o los consumidores de esa de ese medio de comunicación. Esto empobrece el debate y se nota claramente en los gobiernos autoritarios”, advierte.
Entre las leyes atentatorias a la libertad de expresión, las más saltantes son los dos proyectos de ley que intentaron incrementar las penas privativas de libertad para el delito de difamación. Este es un delito muy alegado por personas con poder político o económico, que permanentemente buscan amedrentar a los periodistas que informan sobre sus actividades.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se opusieron públicamente al pedido de facultades legislativas que presentó el gobierno de Dina Boluarte al Congreso, ya que incluía como instigadores al delito de disturbio a los comunicadores que informen sobre las protestas y a quienes las convoquen a través de los medios de comunicación.
Para Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, si esto hubiera sido aprobado por el Congreso y luego reglamentado por el Ejecutivo, hubiera requerido “una especie de policías o ternas digitales vigilando, como una Gestapo”, lo que la gente publica en redes sociales.
Asimismo dijo que cuando se atenta contra el periodista, es un atentado siempre contra la población en general, porque el periodista es un canal entre la ciudadanía y el Estado.
“Si los periodistas somos afectados o censurados o nos autocensuramos para no caer presos o procesados, se crea un desierto informativo. Lo que sucede es que, al no haber información, no hay transparencia, el gobierno puede hacer lo que prácticamente le da la gana y la ciudadanía queda desinformada”, reflexionó.
Hay que estar alertas ante el Ejecutivo
Rodrigo Salazar sostiene que hay que estar alertas, pues no sabemos lo que pueda hacer el Ejecutivo en las próximas semanas cuando legisle sobre libertad de expresión. Además, porque ha quedado demostrado el cinismo y autoritarismo del gobierno, representado en Dina Boluarte y Alberto Otárola.
“Hay que entender que ese perfil cínico del gobierno que intenta parchar las verdades reales con mentiras es parte de estas actitudes que tiene con la prensa. Querer evitar que la prensa cubra o convoque a protestas es también parte de esta idea de crear una nueva narrativa”, consideró Rodrigo Salazar.
La discriminación de la prensa local y su autocensura en las regiones
La autocensura muy presente en las regiones hace pensar inmediatamente en la situación de Madre de Dios, donde hay minería ilegal y trata de personas. Así también, en otras regiones, donde hay poderes locales, políticos y económicos.
Sorprende, sin embargo, que haya pocas cifras de ataques y amenazas a la libertad de expresión, dice Zuliana Lainez, presidenta de la ANP. Esto se debería a que los periodistas locales refieren que se jugarían la vida o su integridad, o la de sus familias, si es que intentaran cubrir esos temas, y, por tanto, se impone el silencio.
“Quien más poder concentra es quien más posibilidad tiene de vulnerar la libertad de expresión. Y ahora estamos en una situación de asedio al periodismo. Y quizás sin tener el número de asesinatos que tiene México o Haití, el Perú siempre ha estado en todos los reportes, de naranja a rojo”, manifiesta Lainez.
Recordó también que los periodistas locales suelen ser relegados durante las visitas de funcionarios o representantes del Ejecutivo en las regiones, ya sea directamente, mediante actos de discriminación, o indirectamente, privando la posibilidad de asistir a los eventos, conferencias de prensa, o limitando la cantidad de preguntas.
“Ahora tenemos ministras de Estado que apartan y dejan de lado a la prensa local, lo que es una afectación directa a la libertad de expresión, pero al derecho a la información también. Porque la prensa local conoce y tiene preguntas pertinentes sobre la realidad local y de la coyuntura nacional”, enfatiza.
Zuliana Lainez consideró que la ley de radio y televisión ya amerita ser reformulada, pues es muy antigua y no incorpora el tema digital. Además, se debe reforzar la ley de transparencia y acceso a la información pública, con el fin de que las instituciones públicas proporcionen adecuadamente la información solicitada.
Lee la nota original aquí o visita El Búho, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.
