Perú: Defensores ambientales ante el incremento de la inversión minera

ANÁLISIS | Perú registró 51 defensores ambientales asesinados entre 2012 y 2021, y es el séptimo país con más fallecidos en Latinoamérica por grupos armados relacionados al extractivismo.
Encuentro de defensores ambientales en 2022, en Lima.
Bíkut Toribio Sanchium Yampiag
Bíkut Toribio Sanchium Yampiag
Investigador del Centro Bartolomé de las Casas-Cusco
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[Artículo publicado en el marco del proyecto Derechos humanos ambientales YA!

Para la economía estándar todo recurso tiene valor de mercado, por eso es posible mercantilizar todos los bienes y servicios, con el objetivo de maximizar la utilidad y/o la ganancia. Esto se determina a través de la ventaja comparativa, en el que la especialización es clave en la producción de un recurso para generar más riqueza y crecimiento económico de un país (Alarco y Sanchium, 2022). Es decir, una nación solo tiene que intensificar la producción en el sector en el que tiene abundante recurso.

A nivel mundial, el Perú es una de las naciones ricas en minerales. Por eso, según el paradigma de la económica tradicional tiene que “aprovechar la abundancia de dichos recursos” e incrementar el crecimiento económico. En líneas a esa perspectiva, Morales (2019) concluye que la actividad económica de los minerales impactó positivamente al crecimiento de la economía peruana del 2008 al 2017. Walter et al. (2021) señalan que el sector minero ha sido uno de los principales motores del desarrollo peruano durante las primeras décadas del siglo XXI por efecto de las inversiones privadas que representa, en promedio, más de 15% de la inversión privada total en el Perú en los últimos 25 años.

 
“Según el INEI (2023) Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Pasco son cinco de las regiones con importantes proyectos mineros pero con alto porcentaje de pobreza monetaria. Apurímac y Cusco tampoco han mejorado su bienestar por actividades mineras”

 

Por su parte, el IPE (2021) enfatiza que el impacto positivo de la actividad minera en la economía nacional se debe a la inversión minera que contribuye al dinamismo de la inversión privada; impacta directamente sobre el crecimiento de la producción nacional al tener una importante participación; impacta indirectamente sobre producción de las actividades relacionadas con la minería; genera divisas para el país y mantiene una balanza comercial positiva, y contribuye a la recaudación nacional por conceptos tributarios y no tributarios.

Sin embargo, la postura de la economía ortodoxa es incoherente a nivel práctico o no responde la realidad. Según Alarco y Sanchium (2022) el argumento de la teoría clásica es insuficiente para explicar los cambios en nuevos tiempos. Por eso, la insistencia de que el incremento de la inversión minera genera el crecimiento económico, que se traduce en la mejora del ingreso de las familias por más empleo, dinamizando la economía, y en consecuencia, mejora la calidad de vida, es incierto, porque en la realidad ocurre todo lo contrario. Pues, las regiones o localidades mineras sufren mayor carencia de necesidades básicas y tienen el índice de pobreza más altas en Perú.

Según el INEI (2023) Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Pasco son cinco de las regiones con importantes proyectos mineros, como Julcani (Buenaventura), Cobriza (Doe Run), Apumayo (firma del mismo nombre), Pallancata (Hochschild Mining), las minas de Volcán y de las compañías Raura y Antamina y Yanacocha, (Buenaventura) pero con alto porcentaje de pobreza monetaria. Apurímac y Cusco, del segundo grupo, tampoco han mejorado su bienestar por actividades mineras.

El Perú en el ranking mundial de atracción para la inversión minera

Cada año Fraser Institute (Canadá) reporta el ranking de los países más atractivos para la inversión minera. Esto lo determina con el Índice de Atracción para la Inversión, compuesto por el Índice de Percepción de Políticas (IPP), que mide la condición de la política y el Índice de Potencial Minero de Mejores Prácticas, que proporcionan los datos sobre la riqueza minera. Se resalta que, el 40 % de la decisión de inversión es determinada por factores políticos, el 60 % se basa en la evaluación del potencial minero de una jurisdicción (Fraser Institute, 2023). Al respecto, ¿es suficiente que un país sea rico en minerales para fomentar su extracción si la situación política es inestable o las políticas mineras son ineficientes?

En el cuadro 1 se observa que, en la atracción para la inversión minera, a nivel global, el Perú escaló del puesto 42 en 2021 al 32 en 2022[1]. Esto a pesar de que en el IPP el Perú disminuyó en más de 12 puntos, ubicándose en el puesto 49 de 62 (Fraser Institute, 2023). Las razones políticas han sido: preocupación de la disponibilidad de mano de obra cualificada (+21 puntos), el régimen fiscal (+18 puntos) y la incertidumbre por las reclamaciones de tierras en litigio (+18 puntos), incluyendo la preocupación por la estabilidad política. En el Índice Potencial Mineral de Mejores Prácticas, ocupa el puesto 17 (de 47). Entonces, la situación política es el factor principal que limita la inversión minera, la cual no es buena señal por sus implicancias a nivel socioambiental.

Cuadro 1. Ranking de Atracción de Inversiones Mineras del Perú 2018-2022

Año

Puntaje

Ranking

2018

81.55

14/83

2019

75.14

24/76

2020

70.41

34/77

2021

61.64

42/84

2022

60.68

34/62

Fuente: Elaboración propia con base en Fraser Institute (2023).

Impacto de la inversión minera en los defensores humanos ambientales

La situación de los defensores ambientales por efecto de la inversión minera es preocupante. Pues, la limitación de la inversión por la cuestión política (Fraser Institute, 2023) no solo afecta a la actividad minera, sino también evidencia el peligro que corren los defensores ambientales por los vacíos normativos. En otros términos, la falencia e ineficiencia de las políticas mineras no garantiza la seguridad de los defensores humanos ambientales. Cabe precisar que, los defensores humanos ambientales son líderes y liderezas que defienden y protegen la vida, el ambiente, los territorios y los bienes comunes, como el bosque, el agua y los ecosistemas andinos, amazónicos, costeros y urbanos (Red Muqui, 2022).

En efecto, es crucial saber que las regiones con mayor inversión minera o actividad extractiva presentan más conflictos socioambientales. Por consiguiente, según la Defensoría del Pueblo (2022) del total de conflictos sociales, los socioambientales presentan más conflictos, en el que la minería presenta el mayor número del 2012-2021 (Ver cuadro 2). Las causas principales de este conflicto fueron por problemas ambientales y sociales, y por incumplimiento de acuerdos (Defensoría del Pueblo, 2022). Así que, hay mayor probabilidad de que más número de defensores ambientales contra la minería estén expuestos al peligro, amenazados o criminalizados.

Cuadro 2. Conflictos sociales, ambientales y minera en Perú 2012-2021

Año

Conflicto social

Socioambiental

Total

Total

Minera

2012

227

148

105

2013

216

139

104

2014

276

168

119

2015

260

174

113

2016

259

173

106

2017

256

168

106

2018

232

144

95

2019

222

142

94

2020

218

140

90

2021

252

161

105

Fuente: Elaboración propia con base en Defensoría del Pueblo (2013-2022).

De acuerdo con el informe de Global Witness 2022[2], Perú registró 51 defensores ambientales asesinados entre 2012 y 2021, siendo el séptimo país con más fallecidos en Latinoamérica por grupos armados relacionados al extractivismo. Según Santos (2022) el mayor número de defensores ambientales asesinados ocurrió en 2012 (Ver la gráfica 1).

Gráfica 1. Registro de asesinatos a defensores ambientales en el Perú

Fuente: Elaboración propia con base en Ojo Público (2022).

Criminalización de defensores ambientales: el caso de Sergio Huamaní

Sergio Huamaní Hilario, comunero campesino de Coporaque (Espinar, Cusco), es presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (marzo 2022-actualidad). El miércoles 10 de mayo de 2023, la jueza Smilly Bedoya del Juzgado Penal Unipersonal de Espinar, lo sentenció por delito de difamación calumniosa agravada a la empresa Antapaccay. La sentencia es de un año de pena privativa de la libertad y 10 mil soles de reparación civil para la firma minera. En principio, la compañía a través de su representado Marco Antonio Vargas solicitó una pena privativa de libertad efectiva de 3 años y una suma cuantiosa de 230 mil soles como reparación civil, imposible de ser pagado por Huamaní por su condición económica.

Antapaccay interpuso la demanda tras la opinión de Huamaní en un evento virtual “Minera Glencore y la corrupción: análisis del caso”, organizado por CooperAcción en 2022. En su participación referenció el documento “Plan Psicosocial N° 02” de la unidad de inteligencia de Xtrata Tintaya Antapaccay, donde se señala que Óscar Mollohuanca (+) fue blanco objetivo. “También se habla de cómo Xstrata planificó el sabotaje del proyecto de agua en Espinar” dice.

Además, se basó en el artículo del diario The Guardian, que indica que la firma minera proporcionó armas y gases lacrimógenos a la PNP en 2012, por lo que está afrontando la demanda impuesta por los ciudadanos del Perú. Asimismo, comentó respecto al caso que involucraba a la multinacional Glencore que, a través de sus firmas Glencore International AG y Glencore LtdI, se declaró culpable de diferentes casos de soborno internacional[3]. Sergio en su calidad de dirigente y ciudadano usó su libertad de expresión, cuestionando “las malas prácticas de las empresas mineras que operan en Espinar.” Por eso no encuentra la lógica de la sentencia. Sin embargo, dice que “es una estrategia de Antapaccay para silenciarnos, callarnos, intimidarnos.”

 
“En los últimos años se han registrado más de 1,000 casos de criminalización, donde aproximadamente el 70% son a defensores del medio ambiente y líderes indígenas”

 

En otros términos, se trata de la criminalización del defensor ambiental por protestar contra los impactos territoriales de la actividad minera. Al respecto, de acuerdo con CooperAcción (2023) en los últimos años se han registrado más de 1,000 casos de criminalización, donde aproximadamente el 70% son a defensores del medio ambiente y líderes indígenas. No es la primera vez que Sergio es criminalizado por un caso similar. El 22 de mayo de 2022 fue declarado inocente tras 10 años de persecución judicial por haber ejercido su derecho a la protesta social contra la minera Xtrata Tintaya (ahora llamada Glencore Antapaccay) en 2012. En ese entonces, pedía la reformulación del convenio marco y exigía el respeto al medio ambiente y los derechos humanos, ya que se detectó que los pobladores aledañas de la actividad minera tenían metales pesados en la sangre y en la orina[4][5].

Por eso, al ser intimidado, amenazado y vulnerado sus derechos considera que sus luchas y su libertad de expresión como defensor ambiental es criminalizado. Además, afirma que no confía ni se siente protegido ni respaldado por el gobierno actual. Al contrario, “corremos el riesgo, esta última sentencia es la mejor prueba de ello, porque nos quieren silenciar” señala. El caso de Huamaní es un precedente preocupante, porque deja la carta abierta de criminalizar a todo defensor ambiental y de derechos humanos y/o ciudadano que proteste contra las actividades extractivas, defendiendo su territorio y su vida saludable.

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Referencias:

Alarco, G. y Sanchium, T. (2022). Hacia una nueva política comercial inclusiva en la postpandemia: análisis, tendencias y propuesta. ReGE-CooperAcción. http://www.redge.org.pe/index.php/node/3032

CooperAcción (11 de mayo de 2023). Declaran culpable a dirigente por difamación contra la empresa minera Antapaccay. https://cooperaccion.org.pe/declaran-culpable-a-dirigente-por-difamacion-contra-la-empresa-minera-antapaccay/

Defensoría del Pueblo (2013). Decimosexto informe anual 2012. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Decimosexto-Informe-Anual.pdf

Defensoría del Pueblo (2014). Decimoséptimo informe anual 2013. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Decimoseptimo-Informe-Anual.pdf

Defensoría del Pueblo (2015). Decimoctavo informe anual 2014. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Decimoctavo-Informe-Anual.pdf

Defensoría del Pueblo (2016). Decimonoveno informe anual 2015. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/decimonoveno-informe-anual.pdf

Defensoría del Pueblo (2017). Vigésimo informe anual 2016. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe_anual_completo_2016.1.pdf

Defensoría del Pueblo (2018). Vigésimo primer informe anual 2017. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Informe_anual_DP_2017.pdf

Defensoría del Pueblo (2019). Vigésimo segundo informe anual 2018. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/Vig%C3%A9simo-Segundo-Informe-Anual-de-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo.-Enero-Diciembre-2018.pdf

Defensoría del Pueblo (2020). Vigésimo tercer informe anual 2019. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/InformeAnual_2019.pdf

Defensoría del Pueblo (2021). Vigésimo cuarto informe anual 2020. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Vig%C3%A9simo-Cuarto-Informe-Anual-de-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo.-Enero-%E2%80%93-Diciembre-2020.pdf

Defensoría del Pueblo (2022). Vigésimo quinto informe anual 2021. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Anual-DP-2021.pdf

Fraser Institute (2023, mayo 4). Annual Survey of Mining Companies, 2022. https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2022

Global Witness (2022). Una década de resistencia. https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/#resource-library

IPE (2021). Contribución de la minería a la economía nacional. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. https://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2021/03/contribucion-de-la-mineria-a-la-economia-nacional-snmpe-estudio-IPE-2021.pdf

INEI (2023). Perú: evolución de la pobreza monetaria 2011-2022. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2022/Pobreza2022.pdf

Morales, L. (2019). Factores de la Minería y su Influencia en el Crecimiento Económico del Perú, Año 2008 – 2017 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada de Tacna]. Repositorio Institucional UPT. http://hdl.handle.net/20.500.12969/1105

Narrea, O. (2018). Agenda 2030. La minería como motor de desarrollo económico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 9, 12 y 17. CIES-UP. https://cies.org.pe/investigacion/agenda-2030-la-mineria-como-motor-de-desarrollo-economico-para-el/

Red Muqui (2022). Defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales: Construyendo un país con derechos, justicia social y ambiental.

Santos, G. (9 de octubre, 2022). Crece la violencia en la Amazonía: el 2021 siete líderes indígenas fueron asesinados en Perú. Ojo Público. https://ojo-publico.com/ambiente/territorio-amazonas/siete-lideres-indigenas-amazonicos-fueron-asesinados-el-2021-peru

Walter, M. et al. (2021). Minería en Perú 2021-2030: ¿Qué rol juega en la reactivación económica y el desarrollo territorial?: estudio y recomendaciones sectoriales. BID. http://dx.doi.org/10.18235/0003648

[1] Más detalle revisar: https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2022

[2] Más detalle revisar: https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/#resource-library

[3] Más detalles en: https://ojo-publico.com/sala-del-poder/glencore-se-declara-culpable-esquema-internacional-sobornos

[4]Más detalles en: https://www.refworld.org.es/pdfid/59c015684.pdf

[5]Más detalles en: https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-audiencia-CIDH-salud-trabajadores-mineros.pdf