La organización Aministía Internacional exigió este jueves una investigación imparcial y con la debida celeridad a toda la cadena de mando de la acción d elas fuerzas del orden por la muerte de 48 personas en la represión a las protestas contra el Gobierno, iniciadas el 7 de diciembre con la asunción al poder de Dina Boluarte Zegarra.
Estas investigaciones deben incluir a quienes ejecutaron las órdenes y a quienes las impartieron, incluyendo a los ministros, al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y la presidenta Dina Boluarte, dijo a Huanca York Times, Marina Navarro, directora ejecutiiva para el Perú de Amnistía Internacional.
“Tienen la responsabilidad tanto por acción como por omisión, puesto que pudieron frenar esta represión cuando advirtieron que las fuerzas de seguridad utilizanban armas de manera indiscriminada contra la población y no lo han hecho“, expresó.
A su turno, la directora para las Américas de la organización, Érika Guevara, sostuvo que en las graves violaciones a los Derechos Humanos en las protestas, “hay responsabilidad al mas alto nivel”.
Amnistía Internacional presentó este jueves un informe preliminar sobre sus hallazgos en una investigación que realiza por las muertes y lesiones causadas a civiles y policías en las manifestaciones que piden la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones.
Indicios de ejecución Extrajudicial
La organización detalló que existen indicios de ejecución extrajudicial cometidas por la policías y miembros del Ejército, como en el caso de Jhonathan Erik Enciso Arias, estudiante de 18 años, quien murió el 12 de diciembre a causa de un disparo de munición letal que le alcanzó mientras él y sus amigos se encontraban en el cerro local de Huayhuaca, observando y grabando la protesta.
Ese día, la policía dispersó con gas lacrimógeno el cortejo fúnebre de dos jóvenes muertos el día anterior en el aeropuerto de Andahuaylas. Los policías dispararon a las personas del cerro desde la azotea de un edificio. “Los disparos fueron direcamente hacia él y otro joven, sin que representaran ningun peligro para nadie”, acotó Navarro.
Estos indicios de ejecuciones extrajudiciales también existen en Ayacucho, donde las diez víctimas mortales han recibido impactos de proyectil de arma de fuego.
Amnistía Internacional basa su informe preliminar en 12 casos que logró documentar, de los 48 fallecidos en el marco de las protestas contra el gobierno; que calificó como graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes del derecho internacional, que también han dejado 1200 heridos graves.
Lentitud y falencia en las investigaciones fiscales
La organización apuntó que hay lentitud en las investigaciones que realliza el Ministerio Público, a dos meses de ocurridos los hechos.
“A pesar que la fiscal de la nacion [Patricia Benavides] dijo que sí triene recursos y expertise para las diligencias e investigaciones, en la realidad hay retraso”, dijo Érika Guevara, quien puntualizó que en el caso de Andahuaylas, la Policía ni el Ejército no han entregado evidencias para las investigaciones.
Criminalización de las protestas
El informe preliminar de Amnistía Internacional subraya que el gobierno ha emprendido un componente de criminalización de la protesta y represión contra las personas que se solidarizan con los manifestantes, como lo ocurrido con el ingreso de la Policía al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se alojaban protestantes que llegaron a Lima de diversas regiones del país.
Aquí la presentación de Amnistía Internacional
