El Gobierno Regional de Junín dio marcha atrás y anunció que sí instalará los módulos educativos temporales para los más de tres mil estudiantes del emblemático colegio Mariscal Castilla de Huancayo, cuyos docentes protestaron el miércoles, exigiendo que se contrate de una vez a la empresa responsable.
A mediados de mayo, el Gobierno Regional había decidido dejar atrás la instalación de las aulas prefabricadas y le pidió a la empresa que realizaba el trabajo, con una carta notarial, que retire todos los materiales utilizados. Situación que llevó a que las carpetas y mobiliarios permanezcan a la intemperie, conforme lo constató en julio la Contraloría General de la República.
Ahora, tres meses después, en el diálogo que padres y docentes entablaron con representantes de la gestión regional, el gerente general, Ricardo Untiveros, y el director de la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo, Walter Oré Ramos, se comprometieron a entregar lo más pronto la buena pro a la empresa que resulte seleccionada, a fin de que retome los trabajos de la instalación de las aulas prefabricadas.
Los módulos temporales deben ser instalados en el terreno cedido por el Instituto Peruano del Deporte, en el Estadio Mariscal Castilla, en El Tambo. A falta de esta infraestructura, los estudiantes reciben clases en tres locales distintos locales alquilados, en tanto se construye el nuevo local de la institucón educativa.
Antedecentes
En marzo pasado, la Contraloría General de la República identificó que ocho funcionarios del Gobierno Regional de Junín y el consorcio encargado de ejecutar la obra del colegio Mariscal Castilla, generaron un perjuicio económico de S/ 2 millones 709 mil 774, quienes otorgaron conformidad y autorizaron el pago por trabajos ejecutados parcialmente y otros sin ejecutar en los módulos educativos.
El consorcio valorizó un total de 25 módulos prefabricados como si hubieran sido concluidos, cuando 14 de estos no fueron ejecutados, 11 sólo parcialmente y sin las especificaciones técnicas del expediente técnico.
Esto mismo llevó al Gobierno Regional a terminar el contrato en mayo pasado.
