“Acá estoy, si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo tengo que hacer, si hay que entregar la vida, lo voy a hacer”, afirmó el presidente de la de República, Pedro Castillo, en respuesta a la denuncia constitucional en su contra que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Benavides acusó al presidente Castillo de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
En la conferencia de prensa con medios internacionales, el presidente Pedro Castillo, sostuvo que con denuncia constitucional, “se quieren bajar al Gobierno”. “Hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre”, expresó el jefe de Estado, en referencia al allanamiento del fue objeto la vivienda de su progenitora en San Juan de Lurigancho.
Castillo descartó que vaya a renunciar a su cargo, pues aseguró que el 28 de julio de 2026 entregará el cargo a otro presidente elegido democráticamente. “Mi gobierno ha sido elegido por un voto natural, espontáneo, no los voy a defraudar”, dijo.
Luego, ratificó que así como “muchos compatriotas, muchos héroes entregaron su vida por el país, estamos también dispuestos a hacerlo”.
Aníbal Torres acusa a la Fiscalía de estar comprometida con el narcotráfico
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acusó a la Fiscalía de la Nación de estar comprometida con el narcotráfico y la organización de los cuellos blancos en el Poder Judicial.
Torres dijo eso, al recordar que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, separó a una fiscal que investigaba a su su hermana jueza por presuntamente haber dejado en libertad a varios acusados de narcotráfico.
“Tenemos así una Fiscalía que estaría comprometida con narcotraficantes y los Cuellos Blancos. Lo que significa que en el Perú están administrando justicia los Cuellos Blancos y el narcotráfico”, afirmó Torres
Otros ministros que participaron de la conferencia, señalaron que la Fiscalía ha violado la Constitución al presentar la denuncia constitucional, pues no se le puede acusar durante su mandato, salvo por impedir las elecciones y otras causales muy puntuales.
