A pesar de las innumerables pruebas presentadas por el Ministerio Público y confirmadas por el perito, el juez Guido Arroyo Ames, que suspendió por varias oportunidades el juicio por malversación de fondos en contra de Vladimir Cerrón y sus ex funcionarios decidió absolverlos del delito.
Como parte de sus alegatos de clausura la titular del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, Bonnie Bautista, había precisado que el dinero fue gastado en obras populistas como el Puente Comuneros, una infraestructura que hasta el momento no termina sus accesos y que se inunda con las lluvias.
Asimismo, se enfatizó que el desvío de los fondos ocasionó perjuicio a 4 provincias, 27 distritos y 95 comunidades campesinas que iban a beneficiarse con los más de 3 mil plantones. Sin embargo, el juez ignoro el pedido de pago de reparación civil, ciñéndose a lo que había indicado Vladimir Cerrón, que no hubo daño al patrimonio del estado.
Los hechos dolosos materia de investigación para la fiscal a cargo del caso, María Huamán, fueron que Cerrón aprobó modificaciones presupuestales y concedió a la gerencia de Recursos Naturales el proyecto sin que esta formara parte de sus funciones.
Pese a estos antecedentes el juez ordenó el archivamiento del proceso y la eliminación de antecedentes penales y policiales que recaen en los imputados. Uno de ellos, Henry López Cantorín, se encuentra como no habido, tras ser indicado como líder de la organización criminal Los Tiranos del Centro.
