Luego de 7 años de proceso judicial, el exalcalde del distrito de Tunanmarca, provincia de Jauja, Hernán Magno Rosales Tabraj, fue sentenciado a 7 años de prisión efectiva, luego que el Ministerio Público logró demostrar que cometió los delitos de colusión simple, colusión agravada y negociación incompatible junto a una empresaria constructora y exfuncionarios ediles.
La acusación fue sustentada por el Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo de la fiscal provincial Bonnie Bautista Catunta, quien logró acreditar la culpabilidad del exalcalde Hernán Magno Rosales Tabraj, Miluska Sebastiana Medina Espinoza (empresaria de construcción) y Hendrick Oscar Macuri Salas (consultor de obras).
Los delitos demostrados por la representante del Ministerio Público sucedieron entre el 2011 y 2012. Se trata de irregularidades cometidas en las obras de “Apertura de trocha carrozable de la plaza principal al cementerio hasta Cruzpiana – 2012”, “Elaboración de expedientes técnicos de construcción de los cercos perimétricos de las Instituciones Educativas Nros. 30480 y 30479, jardín de niños 405 y escuela estatal 30552 – Quishuarcancha”, la “Elaboración del expediente técnico: remodelación y sustitución cobertura de la I.E. 537” y direccionamiento en la adquisición de equipos musicales para la Institución Educativa José María Arguedas.
Por estos delitos, el exburgomaestre Hernán Magno Rosales Tabraj recibió 7 años de prisión efectiva por los delitos y 3 años de inhabilitación para ejercer cargo público. En tanto, a Miluska Sebastiana Medina Espinoza se le impuso una pena de 6 años de prisión efectiva y 3 años de inhabilitación, por el delito de colusión agravada, mientras que a Hendrick Oscar Macuri Salas una pena de 3 años de prisión suspendida y 2 años de inhabilitación, por el delito de colusión simple.
Además, Hernán Rosales y Miluska Medida deberán pagar 50,000 soles, mientras que Hendrick Macuri pagará 6,000 soles por concepto de reparación civil en favor del Estado, montos que deberán ser cancelados en un plazo máximo de 2 meses.
La sentencia fue emitida por la magistrada Guisela Diana Ingaroca Carlos del Quinto Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios y tiene carácter de consentida.
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