Huayucachi el distrito con mayor cantidad de electores que van a las urnas por la revocatoria

Revocatoria elecciones
Huanca York Times
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Con un total de 7 883 electores hábiles el distrito de Huayucachi que pertenece a la provincia de Huancayo, departamento de Junín, es el distrito con mayor cantidad de ciudadanos que irán a sufragar en la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales del próximo 10 de octubre, en la que decidirán si sus autoridades municipales (alcaldes o regidores) se mantienen o no en el cargo.

En todo el Perú son 26 082 ciudadanos quienes sufragarán en los 13 distritos involucrados en la consulta popular de revocatoria. Otro de los distritos con mayor cantidad de electores es  Cotabambas (Apurímac) donde están habilitados para sufragar  3 312 personas. En tanto, el distrito de Justo Apu Sahuaraura (Apurímac) tendrá la menor cantidad de votantes (616).

Otros distritos que se van a la revocatoria son Chavín (Chincha, Ica) participarán 2 970 electores, en Sama (Tacna, Tacna) 2 171, en San Buenaventura (Marañón, Huánuco) 1 845, en Ñahuimpuquio (Tayacaja, Huancavelica) 1 353 y en La Libertad (Huaraz, Áncash) 1 230. De igual forma, 1 124 en Lobitos (Talara, Piura), 1 058 en Pillpinto (Paruro, Cusco), 979 en Cuturapi (Yunguyo, Puno), 886 en Langa (Huarochirí, Lima) y 655 en Turipampa (Yauyos, Lima).

Mitad más uno

Para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos, conforme a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley N° 26300). De lo contrario, se mantiene en el cargo.

De proceder la revocación o retiro del cargo, el alcalde será reemplazado por el primer regidor accesitario de la misma lista, mientras que un regidor por el correspondiente accesitario, hasta completar el período de gestión. En ningún caso hay nuevas elecciones.

La consulta popular de revocatoria constituye un derecho constitucional normado por la mencionada ley y la modificatoria Ley N° 30315. Puede ser promovida por una persona o un grupo de ciudadanos contra las autoridades regionales y municipales que provengan del voto popular.