El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, reclamó que el Gobierno central pretende recortar el presupuesto para el gobierno regional para 2027, pero mantiene 14 obras paralizadas a pocos meses del final de su gestión.
La Contraloría informó este jueves que Junín registra 90 obras públicas paralizadas. De ese total, 14 corresponden al Gobierno Regional, 17 al nivel provincial y 49 al distrital. Las 10 restantes pertenecen a universidades, a la empresa administradora de agua potable Sedam Huancayo, a Electrocentro y al Ministerio de Transportes.
El órgano de control señala como principales causas de las paralizaciones la falta de recursos financieros y liquidez, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento del pago de valorizaciones. Según el gerente regional de Control, Víctor Lizárraga, una obra adquiere la condición de paralizada cuando acumula más de seis meses sin avance físico o enfrenta una controversia.
Recorte presupuestal
El reporte de Contraloría se conoció un día después de que el Gobierno Regional difundiera un pronunciamiento contra el proyecto de Presupuesto Público 2027. El documento, publicado el miércoles 9 de septiembre, advierte un recorte superior a S/ 156 millones para Junín, equivalente al 16,7% respecto de 2026, y sostiene que la medida pondría en riesgo obras y compromisos asumidos con las nueve provincias.
Consultado por las 14 obras paralizadas, Cárdenas reconoció que a estas alturas del año escasea el presupuesto y admitió que puede existir falta de pagos. Sin embargo, rechazó que eso signifique abandono de los proyectos y sostuvo que su gestión prioriza las obras que continúan avanzando.
“Pueden paralizarse por un momento”, respondió el gobernador al explicar la situación de las obras.
Cárdenas aseguró además que dejará los proyectos encaminados para la siguiente gestión. Dijo que el Gobierno Regional maneja más de 150 proyectos y que espera inaugurar unos 40 antes de concluir su mandato, mientras los restantes continuarán su proceso para obtener presupuesto.
Hospital Higa Arakaki, el más crítico
La gerente de Control, Víctor Lizárraga, identificó al hospital Manuel Higa Arakaki, en Satipo, como una de las obras emblemáticas paralizadas. El proyecto lleva más de tres años sin ejecución, según el funcionario.
La Contraloría también informó que detectó presunta responsabilidad penal en cinco funcionarios del Gobierno Regional por irregularidades en el proceso de selección del 2025, en el cual se pretendió otorgarle la buena pro a la empresa de una joven sin experiencia en construcción de infraestructura. Un nuevo proceso convocado este año terminó declarado desierto, por lo que la obra continúa sin reactivarse.
Otro proyecto regional señalado por el órgano de control es la carretera que conecta Paratushiali con Boca Cheni, en Satipo, cuya inversión supera los S/ 200 millones.
El caso JU-103 expone el problema de pagos
La situación de la carretera JU-103 ofrece un ejemplo concreto del problema que el gobernador atribuye a la escasez de recursos. La obra generó un paro en Tapo (Tarma) el miércoles 9 de septiembre debido a reclamos por pagos pendientes.
Cárdenas afirmó que el Gobierno Regional entregó un adelanto de cerca de S/ 13 millones semanas atrás y transfirió otros S/ 7,7 millones la noche del miércoles para atender la emergencia y permitir la continuidad de los trabajos.
Sin embargo, el consorcio constructor señaló en una asamblea realizada este jueves que mantiene una deuda pendiente por valorizaciones y advirtió además problemas de certificación presupuestal, liberación de terrenos y aprobación de un adicional de obra. La empresa otorgó un plazo de 15 días antes de evaluar la resolución del contrato.
