El Ministerio Público restituyó este miércoles los restos de los diez comuneros de Paccha desaparecidos el 27 de febrero de 1992, en una ceremonia realizada en la Iglesia Catedral de Huancayo, donde sus familiares recibieron los restos óseos, elementos asociados y las actas de defunción para trasladarlos a sus lugares de entierro.
La ceremonia reunió a familiares, representantes del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, equipo forense especializado y otras instituciones que participaron en la búsqueda e identificación de los diez comuneros, cuyos féretros salieron luego de la Catedral en un recorrido por la Plaza Constitución antes de iniciar su traslado hacia la comunidad de Paccha, en el distrito de El Tambo.
“No eran terroristas, eran campesinos”
Denis Zanabria Ubaldo, representante de los familiares, reivindicó la memoria de los diez comuneros y rechazó el señalamiento de terrorismo que, según sostuvo, marcó la historia de las víctimas y de sus familias.
“No eran terroristas, eran campesinos”, afirmó en su intervención, en la que recordó especialmente a su hermano Ángel Jesús Zanabria Ubaldo, quien tenía 16 años y, según relató, cumplía una tarea comunal vinculada con la posesión de tierras cuando fue detenido por ronderos de Concepción y luego desaparecido.
Zanabria sostuvo que los comuneros fueron víctimas de acusaciones falsas y que las familias soportaron durante décadas amenazas, miedo e incertidumbre mientras buscaban sus restos; y exigió que las autoridades lleguen hasta el final de la investigación para determinar quiénes son los responsables.
“Todos deben llegar a la comunidad campesina de Paccha, tocar campana y decirle la verdad de lo que ha pasado. No eran terroristas, eran campesinos”, expresó ante los asistentes.
El representante de las familias también atribuyó un papel decisivo a la revisión de un expediente de 2006, que, según explicó, contenía la declaración de un testigo que permitió orientar la búsqueda hacia el lugar donde finalmente fueron encontrados los restos.
Fiscalía busca a los responsables
La restitución no significa el cierre del caso penal, según confirmó el fiscal provincial Johel Jenner Chamorro Macukachi, quien señaló que el Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar responsabilidades.
Consultado sobre lo ocurrido con los diez comuneros, Chamorro indicó que “presuntamente habrían intervenido las fuerzas del orden”, pero aclaró que esa hipótesis todavía forma parte de la investigación y que el Ministerio Público debe establecer quiénes fueron los responsables.
“Se va a continuar con la investigación penal. Este es un aspecto humanitario, una entrega digna; sin embargo, continúa todavía la investigación penal”, señaló el fiscal tras la ceremonia.
La Fiscalía considera que la ubicación de la fosa se estableció aproximadamente diez años atrás, pero su recuperación exigió varias etapas debido a la profundidad de la cavidad, que superaba los 20 metros, y requirió el apoyo de especialistas de distintas instituciones, incluso de Energía y Minas.
ADN permitió identificar a los diez
El coordinador general del Equipo Forense Especializado, Rolando Alvarado Benavides, destacó el trabajo conjunto de fiscales, peritos, policías y otros especialistas para recuperar los restos, mientras que el proceso de identificación contó con el apoyo del laboratorio de biología molecular de Ayacucho, clave para la identificación de víctimas de la violencia política ocurrida en el Perú de 1980 al 2000.
Chamorro explicó que las pruebas científicas de ADN permitieron establecer la identidad de los diez comuneros, pese a las condiciones en que fueron encontrados los restos y a la profundidad de la cavidad donde permanecieron durante décadas.
Entre las víctimas había tres menores de edad: Ángel Percy Barja Gaspar, de 14 años; Gumercindo Graciano Ubaldo Zanabria, de 16; y Jesús Ángel Zanabria Ubaldo, también de 16.
Los otros siete eran José Núñez Hualpa, de 18 años; Fredy Atilio Gaspar Ríos, de 22; Herminio Leoncio Barja Ríos, de 25; Apolonio Perfecto Lazo Rudas, de 25; César Sánchez Castro, de 25; Julio Ernesto Salomé Bravo, de 27; y Jesús Pomahuali Salomé, de 40. Estos nombres y edades constan en la documentación difundida sobre la restitución.
De la Catedral a Paccha
Después de recibir los restos, los familiares recorrieron la Plaza Constitución portando las fotografías de sus seres queridos y acompañaron el traslado de los féretros, en una escena que marcó el cierre de la etapa forense del caso.
Milo Pomahuali Vilchez, hijo de Jesús Pomahuali Salomé, afirmó en la ceremonia que presenció la detención de los comuneros cuando era niño y pidió que la investigación continúe hasta establecer quiénes fueron los responsables para que reciban una ejemplar sanción.
La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Ministerio de Justicia, informó que acompañó a las familias durante el proceso y brindó apoyo emocional y logístico para el traslado y entierro de los restos en los lugares que cada familia decidió.
Los restos serán trasladados a Paccha, donde este jueves 24 de septiembre la comunidad realizará la ceremonia de despedida y el entierro de los diez comuneros, conforme a sus costumbres.
La restitución concluye una etapa de búsqueda e identificación científica, pero deja pendiente la respuesta que las familias reclamaron: quiénes fueron responsables de la desaparición y muerte de los diez comuneros de Paccha. Esa parte del caso continúa en investigación.
