La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín sostiene que detrás del caso “Los Apretadores de Tarma” habría funcionado una estructura que no solo se dedicaba a captar vehículos y exigir dinero a sus propietarios, sino que también habría contado con policías que brindaban información, armas y protección.
Por este caso, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para siete investigados: un comandante PNP, tres suboficiales y tres civiles. La audiencia está programada para esta tarde, desde las 2:30 p. m., en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarma, según informaron los abogados de los investigados.
El principal señalado por la Fiscalía es Iurhgen Anthony de Jesús Laos Pérez, alias “Laos”, “Ingeniero” o “Inge”, a quien atribuye el presunto liderazgo de la organización.
Según la imputación fiscal, el grupo habría comenzado a operar en Tarma y zonas cercanas desde enero de 2026. Su modalidad habría incluido la captación de vehículos mediante contratos de alquiler, el incumplimiento de los pagos, la retención de las unidades y posteriores exigencias de dinero para supuestamente recuperarlas.
Empresas como ‘fachada’
La Fiscalía sostiene que empresas como JF&M y FASAL S.A.C. habrían sido utilizadas para captar vehículos mediante contratos de alquiler.
Después, según la investigación, los pagos a los propietarios se habrían interrumpido y la comunicación habría sido cortada. Cuando los dueños intentaban recuperar sus unidades, Laos presuntamente aparecía ofreciendo ubicarlas o recuperarlas a cambio de nuevos pagos.
Es decir, de acuerdo con la hipótesis fiscal, quien primero habría participado en el despojo del vehículo luego habría aparecido como supuesto intermediario para recuperarlo.
¿Quién es quién en la presunta organización?
La Fiscalía atribuye diferentes funciones a los siete investigados.
Iurhgen Anthony de Jesús Laos Pérez es señalado como el presunto cabecilla. Según la fiscalía, habría dirigido las acciones del grupo, coordinado las extorsiones y gestionado los cobros relacionados con la recuperación de vehículos. También habría utilizado las empresas JF&M y FASAL S.A.C. para captar unidades.
Luis Antony Carhuaz Chagua, alias “Austin” u “Ostin”, habría cumplido funciones de conductor y seguridad. La Fiscalía sostiene que trasladaba a Laos y participaba en labores de vigilancia y seguimiento. También aparece relacionado con los encuentros vinculados a las exigencias económicas a William Coronel.
Luis Fernando Huaroc Elizarbe, suboficial PNP, es señalado como informante y personal de seguridad. Según la Fiscalía, habría proporcionado información, participado en seguimientos y brindado protección a Laos. También aparece relacionado con la presunta provisión de armamento.
Jean Dennis Pawelczyk Aguirre, también suboficial PNP, es señalado con funciones similares. La Fiscalía sostiene que habría acompañado a Laos como resguardo armado durante la entrega de S/15.000 realizada por el agraviado William Coronel y que habría participado en la vigilancia de Coronel.
Héctor Palmiro Lirio Chinchay, suboficial PNP, habría tenido un papel de coordinación en la presunta protección policial. Según la imputación, habría organizado la custodia armada de Laos y buscado efectivos para realizar el denominado “chalequeo”.
David Walter Ramírez Panta, comandante PNP y entonces comisario de Tarma, ocupa un lugar distinto dentro de la hipótesis fiscal. La Fiscalía no lo señala como cabecilla, sino como presunto “protector e instrumentalizador institucional”.
Según la imputación, habría utilizado su posición para facilitar el ingreso de Laos a la comisaría, modificar los servicios policiales y destinar efectivos para protegerlo.
Finalmente, Jeferson Davis Pawelczyk Aguirre, uno de los tres civiles, habría cumplido funciones de “doxeador”, reglador de campo y gestor de armamento. La Fiscalía le atribuye la búsqueda de información sobre las víctimas, fotografías y otros datos personales, además de gestiones para conseguir armas.
Jean y Jeferson Pawelczyk Aguirre son hermanos.
Policías como presuntos “chalecos”
La participación de los policías es uno de los puntos más delicados de la investigación.
Según la fiscal Teresita Maravi, los suboficiales Huaroc, Jean Pawelczyk y Lirio habrían proporcionado información, armas y protección presencial a Laos.
La Fiscalía sostiene además que el comandante Ramírez Panta habría permitido el ingreso de Laos a la comisaría por una puerta posterior sin registro y haber dejado de impulsar determinadas investigaciones relacionadas con él.
La imputación fiscal sostiene, además, que se habrían coordinado pagos periódicos y que algunos cobros habrían sido enviados mediante las cuentas de Yape y Plin de los suboficiales Huaroc y Jean Pawelczyk.
S/15.000 para recuperar un vehículo
Uno de los episodios principales de la investigación tiene como agraviado a William Coronel Yantas.
Según la Fiscalía, entre abril y mayo de 2026, Coronel habría entregado S/70.000 y un vehículo dentro de una operación presentada como alquiler e inversión a través de la denominada Constructora JF&M.
Ante la falta de devolución del dinero y del vehículo, comenzaron las exigencias económicas, según la investigación.
El 14 de setiembre, Laos habría citado a Coronel y le habría exigido S/15.000 para devolverle su vehículo. Días después, el agraviado entregó el dinero en efectivo en un local de Tarma.
La Fiscalía sostiene que durante esa entrega estuvo presente el suboficial Jean Pawelczyk, quien habría actuado como resguardo armado.
Tres días después, el 17 de setiembre, Laos y Carhuaz fueron intervenidos en flagrancia cuando, según la Fiscalía, recibían S/300 de la víctima.
Laos ya había terminado en prisión
El nombre de Laos no aparece por primera vez en una investigación penal.
En 2023, llegó a la Municipalidad Provincial de Jauja y se presentó como supuesto funcionario del Ministerio del Interior encargado de implementar el programa “Serenazgo sin Fronteras”.
La Contraloría determinó posteriormente que no existía documentación que acreditara su designación como gerente de Seguridad Ciudadana y que tampoco tenía contrato laboral ni orden de servicio con la municipalidad.
El caso derivó en una investigación por estafa agravada. Laos cumplió nueve meses de prisión preventiva en 2023 y tiene una programación de lectura de sentencia para este 2026.
Ese antecedente, sin embargo, corresponde a otro proceso penal y no forma parte del caso “Los Apretadores de Tarma”.
Ahora, la Fiscalía busca que los siete investigados permanezcan 18 meses en prisión preventiva mientras continúa la investigación. La decisión estará en manos del Poder Judicial.
