El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de 15 años de prisión impuesta al expresidente Ollanta Humala Tasso por el delito de lavado de activos, declaró la nulidad de todo el proceso penal seguido en su contra y ordenó archivar el caso. La decisión deja sin efecto la sentencia condenatoria y abre paso a su salida del penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde abril de 2025.
El TC declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del exmandatario al concluir que durante el proceso se vulneraron los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, derechos estrechamente vinculados con la libertad personal.
Aportes de campaña no eran delitos
La sentencia sostiene que los hechos atribuidos a Humala corresponden a una modalidad del delito de lavado de activos que no existía cuando ocurrieron los presuntos aportes a las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Según el Tribunal, la figura de la receptación patrimonial recién fue incorporada al ordenamiento penal mediante el Decreto Legislativo 1249, vigente desde el 26 de noviembre de 2016, por lo que su aplicación a hechos anteriores vulnera el principio de legalidad penal.
Los magistrados también concluyeron que el Ministerio Público y el Poder Judicial no individualizaron de manera precisa el delito fuente del supuesto dinero ilícito ni acreditaron que Humala conociera o pudiera presumir el origen ilegal de esos recursos cuando ocurrieron los hechos. Para el Tribunal, esas omisiones impiden sostener válidamente la imputación por lavado de activos.
Ordena archivar el caso
Como consecuencia, el TC anuló todas las actuaciones del proceso, desde las investigaciones iniciales hasta la sentencia condenatoria. Además, ordenó al Ministerio Público emitir la disposición correspondiente para archivar el caso y dispuso que el órgano judicial competente defina la situación jurídica del expresidente el mismo día en que sea notificado del fallo.
Humala había sido condenado a 15 años de prisión por el presunto ingreso de aportes ilícitos para financiar las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. Con la decisión del Tribunal Constitucional, esa sentencia queda sin efecto y el proceso penal deberá cerrarse conforme a lo dispuesto en el fallo.
La sentencia fue suscrita por los magistrados Francisco Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich, Pedro Hernández Chávez y Morales Saravia. Las magistradas Luz Pacheco Zerga y Monteagudo Valdez emitieron votos singulares en contra de la decisión mayoritaria.
