El Congreso podría abrir una investigación política sobre la masacre de Colcabamba, puesto que el diputado por Huancavelica, Héctor Guillén Valencia, presentó una moción para crear una Comisión Investigadora que, en 180 días hábiles, esclarezca cómo se planificó el operativo militar del 25 de abril que terminó con cinco jóvenes acribillados por militares que dispararon contra la camioneta en la que se desplazaban.
La hipotética comisión también plantea indagar quién tomó las decisiones, qué información de inteligencia sustentó la intervención y qué responsabilidades institucionales dejó la muerte de los cinco civiles en Colcabamba.
La propuesta ingresó oficialmente a la Cámara de Diputados este miércoles 12 de agosto, como la Moción de Orden del Día N.° 00057-2026-2031-CD, y cuenta con el respaldo de la bancada de Juntos por el Perú y la firma de otros legisladores.
Actuación del Estado
La moción busca que el Congreso determine cómo actuaron las instituciones involucradas antes, durante y después del operativo. Entre los puntos que plantea revisar figuran la cadena de mando, las órdenes impartidas, la información de inteligencia utilizada y la legalidad del empleo de la fuerza por parte de los efectivos que participaron en la intervención.
El documento también propone investigar la preservación de la escena, el aseguramiento de armas y otras evidencias, los peritajes balísticos, la cadena de custodia y los protocolos de actuación conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de identificar eventuales responsabilidades políticas, administrativas y funcionales.
Las familias merecen respuestas
El diputado Guillén afirmó que la comisión no pretende interferir con las investigaciones penales, sino ejercer la función de control político que le corresponde al Congreso.
“Aquí se perdieron cinco vidas y eso no puede quedar en el olvido. Colcabamba y Huancavelica merecen saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y bajo qué circunstancias se utilizó la fuerza. Las familias merecen verdad, justicia y respuestas del Estado”, sostuvo.
La moción precisa que la investigación parlamentaria respetará la autonomía del Ministerio Público, la independencia del Poder Judicial, el debido proceso y la presunción de inocencia.
La iniciativa se da en el Congreso pocos días después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín anulara la prisión preventiva dictada contra ocho investigados y ordenara que otro juez vuelva a evaluar el pedido del Ministerio Público.
La moción resalta que la liberación de los militares investigados no constituye una absolución ni pone fin a las investigaciones por los hechos ocurridos en Colcabamba, por lo que considera necesario que el Congreso determine si existieron responsabilidades institucionales en la planificación y ejecución del operativo.
Seis meses para investigar
La propuesta fija un plazo de 180 días hábiles para que la comisión recabe información, cite a autoridades civiles y militares, revise documentos oficiales y entregue un informe final con conclusiones y recomendaciones legislativas y de política pública.
Entre los temas que deberá abordar figuran la planificación del operativo, la coordinación entre el Ejército y la Policía, la cadena de mando, el uso de la fuerza, la preservación de evidencias y las eventuales responsabilidades derivadas de la intervención del 25 de abril en Colcabamba.
