Dina Boluarte regresó de su viaje por Japón e indonesia, y en su primera actividad pública, promulgó la Ley de Amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
La decisión ignora la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado peruano frenar su promulgación y aplicación.
La norma permite cerrar procesos judiciales y perdonar condenas a uniformados sin sentencia firme y a quienes superen los 70 años, incluso si enfrentan cargos por delitos de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos estiman que la ley podría perjudicar a más de 600 juicios en curso y 156 casos ya sentenciados.
La Corte IDH advirtió que esta amnistía vulnera el derecho de las víctimas a la justicia y contraviene las obligaciones internacionales asumidas por el Perú. En un pronunciamiento previo, instó a los jueces nacionales a no aplicarla y convocó a una audiencia pública el 21 de agosto en Costa Rica, donde escuchará a representantes del Estado, la Comisión Interamericana y familiares de víctimas.
Boluarte defendió la medida durante un acto oficial y declaró que “el Perú no es colonia de nadie”, rechazando la “intervención” de la Corte IDH. Afirmó que la ley busca reconocer “el sacrificio” de las Fuerzas Armadas y la Policía durante el conflicto armado interno.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos anunciaron acciones legales para impedir la aplicación de la norma. Recordaron que en los años 90, leyes de amnistía similares —como las dictadas tras la masacre de Barrios Altos— fueron declaradas incompatibles con los tratados internacionales y anuladas por la Corte IDH.
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