La Sala Penal de Apelaciones de Chanchamayo confirmó la condena contra Rubén Héctor Carhuallanqui Romero, médico del Departamento de Cirugía del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, por pedir mil soles a los familiares de una paciente para operarla.
La paciente contaba con SIS y la intervención correspondía a las funciones que el médico cumplía en el hospital público.
El caso ocurrió el 9 de abril de 2024, cuando Carhuallanqui operó a la paciente Juana Ilizarbe Meza por una colecistitis aguda. Según la sentencia, los familiares entregaron el dinero a Nayeli Quispe Rojas, asistente del médico, en un consultorio particular ubicado frente al hospital.
La Fiscalía y luego el Juzgado sustentaron la acusación con los testimonios de los familiares, el hallazgo de un sobre con S/1,000, la historia clínica y las comunicaciones que Carhuallanqui mantuvo con su asistente ese mismo día. En uno de los mensajes, preguntó si alguien había dejado un sobre y le indicó que lo guardara en su casa y no en el consultorio.
Para la Sala, estos elementos demostraron que el médico solicitó una ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo, por lo que confirmó su responsabilidad por cohecho pasivo impropio.
Defensa pidió su absolución
En la apelación, la defensa del médico sostuvo que las actas policiales solo demostraban la intervención de los agentes y cuestionó que la sentencia de primera instancia hiciera referencia a una prueba pericial que, según el abogado, nunca se actuó durante el juicio oral. También afirmó que los testimonios no habían recibido una valoración adecuada.
La Sala descartó esos cuestionamientos y consideró que el Juzgado realizó una valoración conjunta de las pruebas. También señaló que las discrepancias planteadas por la defensa no afectaban el núcleo de los hechos atribuidos al médico.
De seis años de cárcel a una pena suspendida
En marzo de este año, el Juzgado Penal Unipersonal de Chanchamayo había impuesto a Carhuallanqui seis años de prisión efectiva, además de 490 días-multa y seis años de inhabilitación.
La Sala mantuvo la condena, pero redujo la pena a cinco años de prisión, con tres años de prueba, periodo en el cual el médico deberá cumplir las reglas de conducta fijadas por el tribunal.
Los magistrados también redujeron la multa a 365 días, equivalentes a S/9,125, y fijaron en cinco años la inhabilitación para obtener o ejercer un cargo público. La reparación civil de S/15,000 se mantiene.
