La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámata de Diputados recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, según el dictamen que será debatido este martes 29 y miércoles 30 de septiembre.
El documento cuestiona la amplitud y falta de especificidad de la propuesta del Gobierno, que busca facultades para legislar durante 120 días sobre ocho grandes bloques de materias: seguridad ciudadana, fortalecimiento de las MYPE, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otras áreas.
La comisión sostiene que el Congreso no puede entregar una autorización general para legislar sobre sectores completos. El dictamen señala que la Constitución exige que la delegación recaiga sobre materias específicas y cuestiona la generalidad, vaguedad, redundancia e imprecisión de varios extremos del pedido.
“El Congreso no delega temas, ni materias genéricas, ni sectores. Delega competencias para legislar en asuntos específicos”, señala el documento.
Un pedido demasiado amplio
La comisión revisó los ocho bloques incluidos en la propuesta y concluyó que el Ejecutivo pretende abarcar un número excesivo de materias.
El dictamen advierte que aceptar el pedido en esos términos podría trasladar al Ejecutivo tareas que corresponden al Congreso. También cuestiona que varias medidas no definan con suficiente precisión sus objetivos, beneficiarios y posibles afectados.
Para la comisión, el Ejecutivo tampoco ha demostrado en todos los casos una necesidad objetiva de recurrir a la delegación. El documento recuerda que el Congreso mantiene su potestad legislativa y que la delegación constituye una vía excepcional.
Otro de los argumentos centrales aparece en el análisis de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.
La comisión sostiene que una delegación requiere concordancia sobre los objetivos y las medidas, pero también confianza en que el Ejecutivo actuará dentro de los límites establecidos por el Congreso.
En este caso, el dictamen considera que la confianza constituye “uno de los aspectos más frágiles” del pedido. Para sustentar esa afirmación, menciona antecedentes de la fuerza política en el Gobierno, el comportamiento de su grupo parlamentario en el Congreso anterior y declaraciones de representantes del Ejecutivo sobre eventuales cambios que podría realizar el Senado.
La comisión también sostiene que debe existir una voluntad de entendimiento entre la Cámara de Diputados y el Senado. Según el documento, ese entendimiento no se ha producido y, por ello, las condiciones para otorgar la delegación no están dadas.
Reparos en materias específicas
El dictamen también encuentra problemas en distintos extremos del proyecto.
En materia ambiental, la comisión cuestiona disposiciones que considera demasiado amplias y que, según su análisis, podrían afectar el derecho constitucional a vivir en un ambiente equilibrado. Por ello, recomienda no otorgar facultades en determinados apartados.
En hidrocarburos, cuestiona una propuesta por su posible incidencia sobre derechos colectivos de pueblos indígenas y concluye que uno de sus extremos resulta incompatible con el Convenio 169 de la OIT.
La comisión también encuentra problemas en algunas medidas de simplificación administrativa porque podrían reducir mecanismos de inspección, supervisión y fiscalización vinculados con la seguridad de las personas.
El pedido de facultades todavía no ha sido rechazado. La Comisión de Constitución debatirá el dictamen el 29 y 30 de septiembre, pero el dictamen recomienda que la Cámara de Diputados no apruebe y envíe al archivo la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que contiene el pedido de delegación de facultades del Ejecutivo.
El dictamen resume sus reparos en que la propuesta, por su amplitud, generalidad e imprecisión, no se ajustaría a los parámetros constitucionales y democráticos que la comisión considera necesarios para delegar facultades legislativas.
