La Fiscalía Superior Militar Policial N.° 6 de Lima abrió una carpeta fiscal por la muerte del adolescente de iniciales E. J. C. B., de 17 años, ocurrida en la Comisaría de Manchay. La decisión podría dejar sin efecto la investigación iniciada en la justicia ordinaria, gracias a una de las leyes de impunidad promovidas por el fujimorista Fernando Rospigliosi.
La carpeta de investigación preliminar en el fuero militar policial tiene número 0044-2026-IP-06, según una notificación remitida al padre de la víctima, a quien se le cita para declarar el viernes 25 de setiembre.
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En la notificación se precisa que debe brindar sus declaraciones, “en relación a la carpeta fiscal seguida contra el SO2 PNP Cáceres Gutiérrez, Christian Alex y los que resulten responsables, por presunto delito de exceso en el ejercicio del mando y desobediencia, en agravio del Estado – Policía Nacional del Perú».
Riesgo de impunidad
El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que esta investigación paralela en el fuero privativo militar policial surge gracias a la ley 32735 de Fernando Rospigliosi, que prioriza el traslado a esta instancia de procesos que deberían ventilarse en la justicia ordinaria.
Sobre la carpeta abierta en el fuero castrense, el abogado advierte que el primer supuesto delito, sobre exceso en el ejercicio del mando, no configura para los hechos ocurridos, razón por la cual el policía investigado podría ser absuelto. Y el supuesto de desobediencia tiene una pena no mayor de cinco años y su aplicación, de darse una condena, sería solo suspendida.
En cambio, en el Ministerio Público los mismos hechos son investigados pero por delito de homicidio en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la ley de impunidad 32735 de Rospigliosi, en una contienda de competencia, obliga a la justicia peruana a ceder y trasladar los casos al fuero militar y policial. «Esto es nefasto; es un tema que genera impunidad”, apunta el abogado del IDL.
Proceso paralelo
El Ministerio Público ya tiene a su cargo una investigación por la muerte del adolescente en la comisaría policial de Manchay y está a cargo de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos – sede Lima. Es más, ya se cursó citaciones para el recojo de testimonios a partir del 8 de setiembre.
“Lo que va a pasar ahora es que, si ya hay una investigación abierta en el fuero militar policial, los investigados no van a ir a la Divincri a declarar o van a guardar silencio, porque van a decir que tienen otra investigación», advierte Juan José Quispe: “Se está cerrando el círculo de impunidad”.
“La responsabilidad política de todo esto lo tienen Fernando Rospigliosi, Fuerza Popular y toda la mafia del Congreso que lograron aprobar esa nefasta ley. Esa ley merece ser derogada. Estos hechos cometidos al interior de una comisaría por personal de la Policía son actos de tortura, son delitos contra los derechos humanos y no pueden ser considerados, bajo ninguna óptica, como delito de función, porque los bienes jurídicos protegidos son la vida y la integridad personal del menor; así fue establecido en sentencias de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional”, subraya el abogado del IDL.
Muerte en la Comisaría de Manchay
La madrugada del 13 de junio, el adolescente de iniciales E. J. C. B. fue ingresado a la Comisaría de Manchay, por supuesto hurto agravado. Por disposición fiscal, el menor pasó reconocimiento médico legal pero diez horas después de su detención. El médico legista reportó lesiones traumáticas ocasionadas por agente duro (lesiones en los brazos y piernas). Estos habrían sido ocasionados por personal de Serenazgo y otras personas.
Al día siguiente, 14 de junio, ya de noche, el padre del adolescente lo ubica en la comisaría. Luego el SO PNP Cristian Cáceres Gutiérrez hace desnudar al menor supuestamente para revisarlo. El padre logra conversar con su hijo y este le pide que lo saque: “me van a matar; paga lo que ellos te piden, me van a matar, papá”.
El mismo padre del menor, Javier Cubas Silva, contó luego a los medios que el personal policial le había pedido “un pollito a la brasa” para que dejen a su hijo. También le pidieron dos mil soles. La madre, que también se encontraba en la comisaría, quiso dejarle comida a su hijo, aquella noche del 14 de junio, pero este ya no respondía. El personal policial lo encontró tendido en el baño de la carceleta y lo trasladaron a un establecimiento de salud donde certificaron su muerte.
