La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público detuvieron a ocho personas acusadas de formar parte de una banda de extorsionadores. Este grupo operaba usando como fachada la empresa ‘Corporación Avanzando SRL’ y amenazaba de muerte a un odontólogo para obligarlo a pagar dinero, haciéndolo pasar como si fueran préstamos, en Huancayo.
Todo empezó con una denuncia. El dentista, a quien llamaremos Daniel para cuidar su identidad, tiene su consultorio en El Tambo. Entre 2022 y 2024 trabajó con una joven, Jackeline Mariana Adriano Veliz (23), que era ayudante y practicante. Ella aprendió cómo funcionaba el negocio, cuándo entraba la plata, los horarios del doctor. Cuando terminó su relación laboral, esa información le quedó guardada.
Según la fiscalía, Jackeline le pasó todo a su pareja, un tipo de 43 años que responde al nombre de Jhon Edgar Cuyutupa Moscoso (43), aunque en la calle lo conocen como ‘Jhon Pichari’. Él armó el plan y reclutó gente.
De forma escalonada
El 26 de febrero pasado, dos sujetos rompieron el parabrisas y el faro trasero del carro del hijo del dentista. Dejaron una nota: “Esto es por meterte antes con Mariana. La próxima será tu negocio, de parte de Jhon”. Después llegaron los mensajes por WhatsApp desde un perfil llamado ‘tu peor pesadilla’, con foto de pistola y balas. Le mandaron fotos de la puerta de su consultorio y del carro de su hijo. Le dijeron que lo tenían vigilado y que sabían todos sus movimientos.
El 20 de marzo, Cuyutupa Moscoso se presentó personalmente en el consultorio. No se anduvo con rodeos. Le dijo al odontólogo que lo del carro había sido solo una muestra, que él solucionaba los problemas “con plomo” y que ya había quemado negocios antes. Le exigió diez mil soles “de garantía”. El dentista le explicó que no tenía esa plata, que incluso había perdido un negocio grande por un préstamo que supuestamente le había pedido Mariana, cosa que él jamás autorizó. El tipo bajó la exigencia a dos mil soles para el día siguiente. El dentista, por el miedo, aceptó.
Al otro día apareció un sujeto con lentes, Vicente Alexander Pariona Medina (26), diciendo que venía de parte de ‘Jhon’. Le cobró los dos mil soles y le quiso hacer firmar una tarjeta de ‘Corporación Avanzando EIRL’ con el slogan ‘de la mano contigo’. La idea era hacer parecer que el dinero era un préstamo legal. El dentista se negó porque nunca pidió nada.
Presión
Pero la presión no paró. El 10 de abril le llegó un mensaje desde el celular de Cuyutupa: “Hoy sí o sí”. Era la segunda cuota, ahora de cuatro mil soles. El 16 de abril volvió el de los lentes al consultorio. Quiso que firmara otra tarjeta de la “financiera”, pero el doctor le dijo que no tenía un sol. El cobrador se molestó, borró lo que había escrito en la tarjeta y se fue en una moto lineal.
El dentista llamó desesperado a Cuyutupa. La respuesta fue peor: “No te hagas el chistoso, ya habíamos quedado. Si no pagas, vamos a proceder de otra manera. Hacemos mucha luz viniendo a cobrar”. Y antes de cortar, le soltó que conocía al capitán de la Comisaría de El Tambo.
Ahí el odontólogo decidió que ya no aguantaba más y denunció.
La investigación identificó a siete involucrados. Además de Cuyutupa Moscoso, Jackeline Adriano y Vicente Pariona, están Noris Alcida Pérez Torres (28), cuya cuenta de Yape recibió el primer depósito de cincuenta soles; Antoni Clinton Vilcapoma Porta (23), a quien le figuraba la línea desde donde salieron las amenazas; y los hermanos Paulo César (18) y Adriana Sofía Zacarías Villanes (26), que manejaban los celulares, chips y billeteras virtuales.
Crimen Organizado
La unidad de Crimen Organizado de la Policía en Huancayo allanó este miércoles 6 de abril siete inmuebles de forma simultánea: cinco agencias de la supuesta financiera en Huancayo, El Tambo, San Jerónimo de Tunán y Chupaca, además de las viviendas de los presuntos cabecillas. A los siete implicados se les dictó detención preliminar por siete días. ‘Jhon Pichari’ fue capturado en Lima, en el aeropuerto, cuando regresaba de España. Otro presunto integrante fue detenido en flagrancia por tenencia ilegal de armas. El juez también ordenó a las operadoras de telefonía entregar los registros de ocho números.
La fiscalía ya advirtió que ‘Corporación Avanzando SRL’ no está inscrita en el sistema financiero formal. Era puro cuento. De probarse la extorsión agravada, cada uno recibiría una condena de 15 y 25 años de cárcel.
