El pasado 26 de abril, el jefe Ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón en compañía del congresista Guillermo Bermejo socializaron el Pacto Social Ciudadano (PSC) en la zona Vraem con el propósito que los cocaleros abandonen los cultivos ilícitos de manera voluntaria, respecto a ello Alexi Avilez Gutiérrez, destacado abogado del Vraem, comenta que esta propuesta carece de una base científica.
Alexi Avilez señaló en entrevista con Huanca York Times que el PSC y la reducción gradual concertada es un mito que ya fracaso en el gobierno de Ollanta Humala, posición que también fue señalada por el expresidente de Devida, Ruben Vargas, quien indicó que esta estrategia solo generará falsas expectativas en los productores cocaleros.
Para Avilez Gutiérrez, la industrialización de la hoja de coca y el apoyo mediante promoción nacional e internacional de las empresas campesinas conformadas por productores cocaleros es una salida viable ante el crecimiento del sembrío y las pretensiones de erradicación.
“Industrializar y legalizar todas las etapas de producción y comercialización de la hoja de puede ser una opción certera para acabar con las organizaciones de narcotraficantes que operan en la zona” precisa el abogado, quien ha escrito el libro Coca, hoja sagrada donde analiza la importancia de este cultivo para los pobladores del Vraem.
Alexi Avilez indica que la zona del Vraem ha sido criminalizada desde hace varios años, a consecuencia de esto se ha producido hechos que atentan contra los derechos humanos de quienes viven en estos territorios sin servicios básicos, acceso a la educación, salud, infraestructura de comunicaciones y pobreza extrema.
“Los llaman terrorista o narcotraficante, los pobladores sufren discriminación por su origen, lo criminalizan por el lugar donde viven y a la actividad agrícola que se dedican, son tratados y consideraos como peruanos de segunda clase; lo más perverso para materializar esté odio inventan y fabrican agentes encubiertos, testigos protegidos y colaboradores eficaces”
Asimismo, indico que para estas personas es complejo acceder a la justicia para hacer valer sus derechos sociales, en educación salud y políticos debido a que la administración estatal la hace el comando político militar, que además impide que los derechos legales y sociales se cumplan, por eso sse mantiene a favor de que se elimen las bases militares que hay en la zona y se refuerce los Comités de Autodefensa.
