Los jueces que forman la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que llevan adelante el juicio del mayor caso de violaciones sexuales cometidas en el periodo de la violencia interna, llegaron a la localidad de Manta, en Huancavelica, a realizar una inspección al lugar donde en 1984 funcionó el cuarte donde militares acantonados cometieron dichos delitos contra mujeres del lugar.
El abogado especializado en defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos, Carlos Rivera Paz, calificó ese hecho como histórico y de especial importancia para el proceso judicial contra nueve soldados acusados de haber cometido las agresiones sexuales en las bases militares que instalaron en la lucha contrasubversiva, en Manta.
“Es un hecho histórico que ayuda al tribunal a contextualizar gráficamente dónde ocurrieron los hechos y el nivel de aislamiento que Manta vivía en esa época”, dijo el letrado a Huanca York Times.
Los jueces René Eduardo Martínez Castro, Jhonny Hans Contreras Cuzcano y Marco Antonio Angulo Morales, recorrieron, además, la posta médica, el colegio, el estadio y lugares aledaños de las viviendas de las víctimas.
“Hemos constatado, ahora, en noviembre del 2023, que no hay Comisaría en Manta, ni Ministerio Público; es decir, en esa época se podía perpetrar una serie de abusos y no pasaba nada“, agregó Rivera.
En 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) identificó a 34 víctimas de agresiones sexuales por militares de la base militar y lo presentó al Ministerio Público, institución que en 2004 formalizó denuncia contra miembros de la base militar identificados por sus seudónimos como agresores de 12 víctimas.
En el 2009 inició el primer proceso judicial que en el 2017 se quebró debido al favorecimiento de los jueces hacia los acusados, recuerda el abogado Rivera, y el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio en otro tribunal.
En 2019 inició este segundo juicio que luego de aproximadamente dos años y medio está por ingresar a su fase final, de acusación y últimos alegatos en el que participa la Fiscalía, los abogados de las víctimas y de los acusados, tras lo cual la Sala debe emitir su sentencia.
“Los magistrados nos han reiterado que tienen la voluntad de dictar sentencia antes de que acabe el año. Pero si no es así, en enero del 2024 debe concluir este proceso”, señaló Rivera.
