La presidenta de la República, Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fueron denunciados penalmente por los presintos delitos de homicido, lesiones graves, lesiones leves, tortura y abuso de autoridas, que habrían cometido en el contexto de las protestas sociales en contra del gobierno y a favor de nuevas elecciones, ocurridas en Apurímac.
De acuerdo con los abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la muerte de seis ciudadanos y el resultado de 80 heridos, entre ellos dos menores de edad, por la represión policial entre el 10 y 14 de diciembre en dicha región, constituyen “graves violaciones de Derechos Humanos”, pues las fuerzas del orden actuaron usando bombas lacrimógenas, perdigones y proyectiles de arma defuego sabiendo de que los manifestantes estaban desarmados, amparados en el estado de emergencia.
Aprodeh responsabiliza de las murtes de estos ciudadanos, además el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana; al exministro del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, al Comandante General de la Policía, Raúl Enrique Alfaro Alvarado y otros altos mandos policiales, como “autores mediatos en aparatos organizados de poder”.
Entre el 10 y el 14 de diciembre, fallecieron las siguientes personas en Apurímac, en el marco de las protestas sociales:
- D.A.Q. (15) – Andahuaylas. Murió por herida por arma de fuego en el pecho.
- Beckan Romario Quispe (18) – Andahuaylas. Fractura en el cráneo por arma de fuego.
- Wilfredo Lizarme Barboza (18) – Andahuaylas. Herida por arma de fuego.
- John Erick Enciso Arias (18) – Andahuaylas. Herida por arma de fuego.
- R.P.M.L (16) – Chincheros. Herida por arma de fuego en el tórax
- Christian Alex Rojas Vasquez (19) – Andahuaylas. Hemorragia
La denuncia presentada este martes ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se sutenta en normas legales que regulal el uso de la feurza policual y su uso arbitrario “genera responsabilidad penal” para quienes hicieron uso de ella y los jerárquicos superiores.
Plantea tanbién la autoría mediata de la responsabilidad, que alcanza a Dina Boluarte, em tanto jefa suprema de las Policía y las Fuerzas Armadas.
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