Olivia Bisa Tirko, lideresa indígena peruana y presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, participó el 4 de agosto en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció la precariedad institucional en Perú frente a la violencia ejercida contra defensoras de territorios indígenas. Ha transcurrido apenas un mes y la dirigente fue víctima de un grave ataque en su comunidad de San Lorenzo, en la región amazónica de Loreto.
La violenta intimidación se produjo el domingo 6 de septiembre, al promediar las seis de la tarde. Olivia Bisa viajaba junto a su esposo, sus dos hijos y su suegra, cuando una mototaxi se interpuso deliberadamente en su camino, obligando al vehículo en el que se trasladaba la familia a realizar una maniobra para evitar caer a un barranco.
Según la alerta pública de su organización, la intimidación no terminó allí. Los ocupantes de la mototaxi, dos varones y una mujer, siguieron a la lideresa hasta la comunidad y allí “uno de los sujetos realizó gestos intimidatorios simulando un arma de fuego y señalando directamente hacia la cabeza de Olivia”.
La dirigente había tenido dos actividades relevantes en las últimas semanas. El 4 de agosto estuvo en la audiencia ante la CIDH en Washington. Y el 19 viajó a Puyo, Ecuador, para exponer ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Esta instancia dictó una sentencia ética y simbólica contra el Estado peruano y ordenó detener la reactivación del lote petrolero 64.
¿Garantías de papel?
“El Estado peruano no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada —expresó Olivia Bisa ante la CIDH—. Solo actúa para levantar los cadáveres”. El domingo, luego del ataque, la lideresa acudió al puesto policial de San Lorenzo, pero un oficial se opuso a recibir la denuncia porque exigía previamente la identificación de los agresores.
Al día siguiente, el lunes 7, un abogado aliado, Vidal Ccoa, elaboró un escrito desde Lima y la lideresa lo imprimió y se apersonó nuevamente a la Comisaría. Recién entonces acogieron la denuncia. La Fiscalía Provincial de Datem del Marañón ha derivado el caso a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, según un escrito al que accedió Mongabay Latam. De momento, no hubo ningún pronunciamiento respecto de las medidas de protección que también fueron solicitadas en la denuncia.
Guisela Loayza Álvarez, asesora legal de Cuencas Sagradas, una alianza de 25 organizaciones indígenas de Perú y Ecuador, relata que ya anteriormente, en 2024, Olivia Bisa obtuvo medidas de protección dictadas por la Fiscalía, pero fueron solo por un plazo corto de 20 días, mientras la dirigente estaba hospedada en la ciudad de Tarapoto, donde la Policía hizo patrullaje. “Si bien fue importante que cumplan con esa acción, no resulta efectivo porque las amenazas se dan de manera imprevista y en localidades más alejadas. Hay deficiencias de diseño, el mecanismo no está pensado para el contexto amazónico”, observa.
Hubo otra garantía otorgada por una prefectura, institución que forma parte de la estructura del Ministerio del Interior. “Pero el documento no detallaba qué tipo de medidas se iban a adoptar para su protección”, recuerda Loayza. Aquel año, la misma lideresa Olivia Bisa resumió su desconcierto en una frase: “Un papel no va a detener una bala”.
La situación en distintas instancias
En la audiencia en Puyo, Olivia Bisa relató haber sido víctima de siete atentados contra ella y sus hijos. Lo del domingo último sería el octavo. También fue denunciada en seis oportunidades, en un contexto de criminalización de los defensores ambientales.
La abogada Guisela Loayza explica que en Perú hay una precariedad en las distintas instancias, con relación a la protección de las defensoras y defensores ambientales, y eso se expresa en situaciones muy concretas como la negativa de un oficial para recibir una denuncia.
“En las comisarías hay una práctica muy perversa. Cuando una persona denuncia amenazas, le preguntan si lo ha podido identificar. Ellos [los oficiales] tienen la obligación legal de tomar la denuncia y realizar las investigaciones y recoger testimonio. En el caso de Olivia Bisa hubo personas de la comunidad que vieron los hechos. El Estado no puede cerrarles la primera puerta”, cuestiona.
De momento, las parlamentarias Ruth Luque y Mirtha Vásquez han solicitado explicaciones al Gobierno frente a la desatención que denunció Bisa.
En abril de 2021, el Ministerio de Justicia emitió el Decreto Supremo 004-2021 para la creación del “mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”. Esta norma incluye a quienes realizan acciones para la protección del ambiente y de los territorios indígenas.
La abogada Guisela Loayza considera que la norma no presenta resultados significativos. Transcurrió un año y en abril de 2022, explica, el mismo ministerio emitió un nuevo decreto (002-2022) para encargar al Ministerio del Interior la aprobación de los lineamientos de actuación.
Pasaron otros dos años y en marzo de 2024 el Ministerio del Interior emitió una resolución (0285-2024) para crear un grupo de trabajo encargado de diseñar los lineamientos. Esta norma generó el malestar de las organizaciones indígenas, ya que no fueron incluidas en el grupo, a pesar de representar a los más vulnerables.
Según el informe 271 de la Defensoría del Pueblo, publicado en febrero de este año, entre 2019 y 2024 en Perú hubo “694 casos de personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo”. De ellos, 172 corresponden a mujeres. Y, de la citada cifra global, 337 casos tuvieron como causa la promoción o defensa “del derecho al ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”.
Versión del área de Justicia
Mongabay Latam solicitó a los ministerios de Justicia e Interior información sobre los avances en la implementación de los mecanismos o lineamientos para proteger a los defensores. El área de Justicia informó que establecieron contacto con Olivia Bisa tras el último ataque. Asimismo, cuentan con el Registro de Situaciones de Riesgo y a la fecha reportan 633 casos. También tienen un portal y se aprobaron lineamientos complementarios en otros sectores ministeriales. (Aquí la versión completa).
Precisan además que se encuentra en implementación el seguimiento de los procedimientos de alerta temprana y de medidas urgentes de protección. «Adicionalmente, se trabaja en una propuesta para la modificación del marco normativo para mejorar los procedimientos, incorporar nuevas entidades y fortalecer la respuesta del Mecanismo [de protección]», agregan.
La Defensoría del Pueblo, en el informe 271, subraya que el decreto del Ministerio de Justicia que crea el mecanismo intersectorial “establece obligaciones limitadas para los sectores del Poder Ejecutivo involucrados, carece de una adecuada articulación con otras instituciones estratégicas y no cuenta con un presupuesto específico”.
El sector Interior no respondió hasta el cierre del presente informe. En agosto de 2022, una coalición de organizaciones indígenas presentó una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial contra el Estado peruano. En respuesta, el 24 de octubre de 2025, el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima dictó un mandato para que el Ministerio del Interior cumpla con aprobar un protocolo para proteger a los defensores de derechos humanos.
Álvaro Másquez Salvador, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), contó a Mongabay Latam que en mayo de este año las organizaciones solicitaron una audiencia de cumplimiento al Poder Judicial. Según adelantó, esta diligencia permitirá notar “el grado crítico de incumplimiento de lo ordenado y la gravedad de las personas defensoras que están en peligro, a raíz de la falta de medidas concretas de parte de la Policía”.
Sobre la voluntad política
En el informe 271, la Defensoría recomendó además al Congreso canalizar un proyecto de ley para crear un sistema integral de “reconocimiento, prevención, protección y reparación”.
Se propuso una norma de mayor rango, pero, en opinión de la asesora de Cuencas Sagradas, Guisela Loayza, el escenario político es adverso. “El Estado ha retrocedido muchísimo y, al contrario, ha aprobado leyes procrimen, incluyendo la llamada Ley APCI, que persigue a organizaciones sociales e indígenas”, advierte.
Según los archivos parlamentarios revisados por Mongabay Latam, en el Congreso anterior hubo un proyecto de ley de Ruth Luque para sancionar penalmente la no recepción de denuncias en casos de delitos contra defensores ambientales, como acaba de ocurrir con Olivia Bisa. La propuesta quedó encarpetada.
Hubo otro proyecto más integral que llegó hasta la etapa de dictamen. Se trataba de una propuesta de ley de protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales. El texto había sido aprobado en mayo de 2025 en una comisión, pero nunca llegó al Pleno. Todo quedó en los archivos.
REFERENCIAS
Informe Defensorial 271. Análisis, retos y recomendaciones frente a la situación de riesgo de las personas defensoras en el Perú. Febrero, 2026. Disponible en su portal institucional.
Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología de proyecto de Ley de protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Junio, 2025. Disponible en el portal del Congreso.
Resolución 0285-2024 del Ministerio del Interior que crea un grupo de trabajo para aprobar los lineamientos de actuación, sin incluir a las organizaciones indígenas. Disponible en portal del Estado.
- Este reportaje fue publicado originalmente en el portal aliado Mongabay Latam
