Un bebé de cuatro meses necesita atención médica especializada por una afección renal, pero su madre asegura que ahora no tiene cómo afrontar los gastos. Fiorela Urquiza Crispín denuncia que durante el allanamiento de su habitación, el pasado 22 de octubre, la Fiscalía le incautó cerca de S/ 3,000 que había ahorrado vendiendo queques para el tratamiento de su hijo.
“Se llevaron todo mi dinero”, reclama.
El operativo se realizó en el pasaje La Libertad N.° 123, en Chilca, y estuvo dirigido a desarticular a ‘Los intocables del Centro’, cuyos 11 presuntos integrantes afrontan 36 meses de prisión preventiva. En la intervención participó la fiscal Nancy Barrenechea Villalba.
Fiorela sostiene que el dinero incautado no tenía relación con las actividades ilícitas investigadas. Eran sus ahorros, reunidos con la venta eventual de queques, que guardaba para atender a su bebé, diagnosticado con hidronefrosis renal derecha de grado 2.
El pequeño necesita una referencia a Lima para recibir atención especializada, debido a que en Huancayo no hay nefrólogo pediatra.
“Yo les dije que era para mi bebé, porque necesita una cirugía y una referencia para Lima. No me entendieron”, cuenta sobre el allanamiento autorizado por un juez.
Su pareja está investigado
Cristofer Leonardo Ruiz Vargas, pareja de Fiorela, figura entre las 33 personas comprendidas en la investigación preparatoria del caso ‘Los intocables del Centro’. La Fiscalía le atribuye presunta participación en receptación agravada y manipulación de equipos celulares e IMEI.
Fiorela no es investigada ni fue comprendida como testigo. Según explica, su pareja afronta el proceso en libertad, con comparecencia. Sin embargo, asegura que el operativo terminó afectando directamente a su familia.
Perdió controles
La incautación también habría interrumpido los controles médicos del bebé. Fiorela cuenta que en su celular tenía fotografías, documentos sobre la salud de su hijo y los números del personal médico que lo atiende.
Asegura que perdió la cita para la vacuna de los cuatro meses y otros controles de peso y talla en el hospital El Carmen. Cuando el personal de salud intentó comunicarse con ella, no pudo contestar porque también le incautaron el teléfono.
La falta de dinero agravó su situación. Con esos ahorros también pensaba reponer los ingredientes para continuar preparando y vendiendo queques, actividad con la que conseguía ingresos para comprar lo necesario para sus dos hijos. El bebé y uno de ocho años.
“Ahorita no tengo ni para comer. Estoy viviendo prácticamente de la caridad de mis familiares. Me regalan para el pañal, la ropita y los pañitos de mi bebé”, relata.
También reclama otras pertenencias
Durante el operativo también incautaron celulares, tarjetas bancarias y una computadora que, según Fiorela, pertenecían a otras personas que ocupaban el tercer piso del inmueble. Los afectados se quedaron sin los equipos que utilizaban para estudiar y trabajar.
Fiorela afirma que han acudido varias veces a pedir la devolución de sus pertenencias al fiscal a cargo del caso, Rogger Pituy Ataucusi, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Según su versión, les respondieron que los bienes continúan bajo custodia de la Fiscalía y que deben esperar a que concluya la investigación.
Pero ella asegura que no puede esperar tanto. Su bebé necesita continuar con sus controles y conseguir atención especializada en Lima.
“Me dijeron que tengo que esperar a que termine toda la investigación, pero hasta entonces yo no voy a esperar ni tampoco mi bebé”, reclama.
