Los maestros cesantes y activos acatan este martes un paro de 24 horas en Huancayo para exigir la reglamentación de la Ley 32581, aprobada en el último Congreso unicameral, que permite elevar las pensiones de los jubilados del magisterio hasta S/3,500. Pero el Ejecutivo ya lleva 192 días de retraso en la aprobación de las disposiciones necesarias para aplicar la norma.
Alejandro Aranda, secretario de Organización del Movimiento de Maestros Cesantes del Perú (MACEP) en Junín, afirmó que el gremio presentó denuncias constitucionales y penales contra los ministros de Economía, Elmer Cuba, y de Educación, José Antonio Chang, por el presunto incumplimiento de la ley. Añadió que la Fiscalía abrió una carpeta fiscal y que el Décimo Juzgado Constitucional también ve el caso.
“Nosotros hemos denunciado a los ministros de Educación y Economía por no reglamentar la ley de pensiones”, declaró Aranda.
Las denuncias incluyen presuntos delitos de omisión, rehusamiento, falsedad genérica y abuso de autoridad.
Tribunal no aceptó acción contra la Ley
De acuerdo con representantes del gremio, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas contra la Ley 32581 no fue admitida por el Tribunal Constitucional y la norma sigue vigente.
La reglamentación está pendiente y el Ejecutivo debe definir las condiciones para aplicar el incremento de las pensiones.
El tope de la pensión, de acuerdo con la ley, es de S/3,500.
Alejandro Aranda estimó que el Estado necesitaría alrededor de S/5,800 millones anuales para atender la demanda y rechazó el argumento de falta de presupuesto, pues sostuvo que el Estado ya está pagando las pensiones de militares y policías e, incluso, exoneró S/20 mil millones en impuestos a los agroexportadores.
Los dirigentes viajarán a Lima el viernes 30 de octubre para participar en una mesa técnica convocada por el Gobierno para iniciar la reglamentación.
