Las encuestas que aparecen a diario en redes sociales no siempre reflejan estudios reales. Algunas buscan favorecer candidaturas y otras incluso utilizan el nombre de empresas reconocidas para aparentar credibilidad. Frente a ese escenario, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó sobre el incremento de sondeos falsos durante la campaña electoral y exhortó a la ciudadanía a verificar su origen antes de asumirlos como ciertos.
“Uno de los casos más comunes que estamos viendo en estos meses son las encuestas falsas, que tratan de posicionar falsamente algunas opciones políticas o algunas candidaturas”, Jeanmarco Vila, especialista del equipo de Fact Checking del JNE.
El organismo explicó que toda empresa que difunda estudios de opinión electoral debe figurar en el Registro Nacional de Empresas Encuestadoras, una base de datos pública donde cualquier ciudadano puede comprobar si una encuestadora cuenta con autorización vigente o si ha sido sancionada.
También recomendó revisar siempre la ficha técnica. Una encuesta seria debe indicar el tamaño de la muestra, el periodo en que se recogió la información y estar firmada por un profesional en estadística.
“Cuando hablemos de una encuesta de opinión pública, debemos acudir a la ficha técnica. Es un estudio científico y no se debe intentar manipular a la opinión pública”, señaló Vila.
El funcionario reveló además que en cada proceso electoral aparecen empresas inexistentes y casos en los que se suplanta la identidad de encuestadoras reconocidas para difundir información falsa.
Coordinación con Meta, Google, TikTok y X
Como parte de la lucha contra la desinformación, Vila informó que el organismo electoral mantiene comunicación directa con Meta, Google, TikTok y X para reportar contenidos relacionados con suplantación de identidad, discursos de odio y otras publicaciones que vulneren las políticas de estas plataformas en la campaña electoral.
Sin embargo, reconoció una limitación legal: actualmente la legislación peruana no sanciona de manera específica a quienes difunden desinformación electoral.
“Hay iniciativas legislativas que esperamos se retomen para sancionar a quienes propagan desinformación, sobre todo en periodos electorales, porque representan un riesgo para la voluntad popular”, indicó.
Publicidad estatal bajo vigilancia
Por su parte, el asesor legal de la Gerencia General del JNE, Pedro Elias Ramos Moscaiza, recordó que las restricciones sobre publicidad estatal y neutralidad electoral ya están vigentes desde el día siguiente de la convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales, es decir, desde el 7 de enero de 2026.
Precisó que los gobiernos regionales, municipalidades y demás entidades públicas solo pueden difundir publicidad cuando responda a casos de utilidad pública o de impostergable necesidad. Incluso en esos supuestos, la norma prohíbe incluir la imagen, nombre, voz o cargo de funcionarios, servidores o directivos.
“La norma es clara. Los funcionarios no deben aparecer en la publicidad estatal”, enfatizó Ramos.
El funcionario añadió que los Jurados Electorales Especiales monitorean permanentemente el cumplimiento de estas disposiciones y que cualquier ciudadano puede denunciar presuntas infracciones. De comprobarse una vulneración, el procedimiento sancionador puede concluir con multas de entre 30 y 100 UIT para el titular de la entidad responsable.
Consultado sobre las publicaciones realizadas por autoridades durante la atención de la emergencia provocada por el sismo en Junín, explicó que cada caso será evaluado por el Jurado Electoral Especial para determinar si corresponde únicamente a información de interés público o si constituye publicidad estatal prohibida.
Candidaturas quedarán firmes en setiembre
Por su parte, Ernesto Rosales, abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica del JNE, recordó que el proceso electoral todavía se encuentra en la etapa de justicia electoral.
Los Jurados Electorales Especiales tienen hasta el 20 de agosto para resolver las tachas y exclusiones en primera instancia, mientras que el Pleno del JNE resolverá las apelaciones hasta el 4 de septiembre. Recién el 5 de septiembre quedarán inscritas de manera definitiva las candidaturas.
Rosales añadió que, incluso después de esa fecha, un candidato aún podría ser excluido por causas excepcionales previstas en la Constitución, como una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, una inhabilitación política o una sentencia de interdicción, hasta un día antes de las elecciones. Es decir, el 3 de octubre.
También se mantiene como causal de exclusión la reincidencia en la entrega de dádivas durante la campaña.
