Dos suboficiales denuncian que su comisario les pidió dinero para recuperar sus armas robadas

La Fiscalía de Junín formalizó este 2026 la investigación contra el excomisario de Orcotuna, hoy mayor PNP, y contra la secretaria de la comisaría, por presunto cohecho pasivo propio. El caso, ocurrido en 2023, incluye audios y capturas de WhatsApp como prueba.
28 agosto, 2026

En 2023, dos suboficiales de la Comisaría PNP Orcotuna sufrieron el robo de sus armas de fuego. Denunciaron que su propio comisario, el entonces capitán PNP Tony Paolo Marín Ríos, les pidió 2,000 soles para pagarle a un supuesto informante que las ubicaría.

Este 2026, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó la investigación preparatoria contra Marín Ríos, hoy mayor PNP, y contra Edith Giovana Valenzuela Ramírez, quien era secretaria de la comisaría. A ambos se les investiga por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

El caso comenzó con una denuncia que presentaron el 24 de julio de 2023 los suboficiales Percy Vertoni Salvador Lázaro y Yuber Nilson Sánchez Ponce.

‘Pepeados’

Según la disposición fiscal N° 06-2026, del 30 de junio de 2026, todo empezó la noche del 30 de junio de 2023. Salvador Lázaro y Sánchez Ponce estaban de servicio en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco, que depende de la Comisaría de Orcotuna.

Dos mujeres que ellos no conocían se les acercaron con la excusa de poner una denuncia y les invitaron una gaseosa. La bebida tenía benzodiazepina, un medicamento sedante, y los policías no lo sabían. Bajo los efectos de la sustancia, les robaron sus armas: una pistola Pietro Beretta con serie N° 6881182 y una pistola SIG Sauer con serie N° 24B317363.

Al día siguiente, el personal que llegó a relevarlos no los encontró en su puesto. Los hallaron en un parque cercano, vestidos de civil, borrachos y sin sus armas. Los detuvieron por violar la consigna y por la pérdida de armamento del Estado.

El pedido de dinero

La disposición fiscal detalla que, alrededor de las 7 de la noche del 1 de julio de 2023, mientras los suboficiales seguían detenidos, el entonces capitán Marín Ríos los citó en su oficina. Según los denunciantes, ahí ocurrió esta conversación.

Capitán: necesitábamos 2,000 soles para el informante, para que entregue las armas y las encuentren.

Sánchez y Salvador: le dijimos que no teníamos el dinero.

Capitán: voy a consultar con el suboficial Arauco si les puede prestar dinero.

Sánchez y Salvador: Arauco también vino y dijo que no podía, que no tenía dinero.

Capitán: vamos a llamar a Valenzuela, a ver si les puede hacer el préstamo, ya que comentaron que ella hace préstamos.

Valenzuela: sí, mi capitán.

Capitán: Valenzuela, ¿les puedes prestar dinero a Sánchez y Salvador?

Valenzuela: sí, mi capitán, les puedo hacer el préstamo.

Capitán: es un préstamo que les vas a hacer a Sánchez y Salvador. Me lo depositas o me lo entregas a mí directamente, para pagarle al informante que va a encontrar las armas. Pero tienen que dejar algo de garantía.

Sánchez y Salvador: capitán, no tenemos nada.

Capitán: dejen algo de garantía del préstamo.

Sánchez: mi capitán, te dejaré mi laptop.

Capitán: entonces me entregas tu laptop, Sánchez, para que sea la garantía, y así quedamos.

La hermana de Sánchez Ponce llevó la laptop hasta la comisaría para dejarla como garantía.

Las armas aparecen

El 2 de julio de 2023, con información de inteligencia policial, un equipo de la Areincri Huancayo encontró las dos armas escondidas en un nicho del cementerio de Cochas Grande, en El Tambo.

Entre el 5 y el 6 de julio, Valenzuela Ramírez pidió que le devolvieran el dinero prestado. Los suboficiales depositaron el monto en su cuenta del Banco de la Nación. Quedan cuatro comprobantes de depósito: dos de 500 soles que hizo Sánchez Ponce el 5 de julio, y otros dos del mismo monto que hizo Salvador Lázaro el 6 de julio.

Policías denuncian

El 24 de julio de 2023, los suboficiales afectados denunciaron penalmente a Marín Ríos y Valenzuela Ramírez ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. En sus declaraciones, ambos sostienen que el entonces capitán pidió el dinero y que la secretaria lo entregó, todo bajo la excusa de pagarle a un “informante”.

En la disposición de formalización, la fiscalía señala que el caso tiene “especial complejidad” y ordena que la investigación continúe por 240 días. También programó las declaraciones de testigos y denunciantes, y pidió a la Región Policial Junín y a la Divincri Huancayo que informen sobre la situación actual de los policías denunciantes y sobre el uso de “informantes” en sus investigaciones.

Además, la fiscalía dispuso revisar las capturas de pantalla de WhatsApp que forman parte de la denuncia. Para eso, los denunciantes deberán presentarse con sus celulares originales.

Sin cámaras de vigilancia

Durante la inspección técnico policial del 1 de julio de 2023 en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco, no se encontró ninguna cámara de video vigilancia en el lugar. Eso complica reconstruir lo que pasó justo antes del robo de las armas.

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