Consejeros de Ayacucho advierten trabas para fiscalizar el gasto del Gobierno Regional de Ayacucho

4 octubre, 2026

El Consejo Regional de Ayacucho cuestionó las dificultades para acceder a información necesaria para fiscalizar el gasto público y las inasistencias de funcionarios a las sesiones. Durante la primera sesión de octubre, se planteó remitir los antecedentes a la Procuraduría Pública Regional para que evalúe las acciones que correspondan.

Uno de los casos observados corresponde a la Gerencia Regional de Infraestructura, que entregó después de casi tres meses información sobre planillas del personal obrero de proyectos regionales. La presidencia del Consejo señaló que la documentación recibida no tendría el nivel de detalle necesario para verificar los pagos correspondientes a junio, julio y agosto de 2026.

La consejera Flor Cornejo también cuestionó la falta de información solicitada a la sede central y al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider). Según señaló, estas dificultades ya se habrían presentado en anteriores acciones de fiscalización.

Durante la sesión, los consejeros además expresaron preocupación por proyectos que llevan entre cinco y diez años sin culminar y por presuntas deudas pendientes con profesionales, obreros y proveedores. También cuestionaron la programación de recursos para nuevas inversiones y obras en ejecución, aunque precisaron que estas afirmaciones requieren ser verificadas mediante los expedientes y registros correspondientes.

Asimismo, se informó sobre las dispensas solicitadas por funcionarios del Gobierno Regional por actividades oficiales y otros compromisos vinculados a obras y proyectos. El gerente regional de Desarrollo Económico, Waldo Genua Bustamante, pidió reprogramar su informe sobre el Procompite Regional debido a que la información se encontraba en proceso de sistematización y validación.

La presidencia del Consejo planteó que la Procuraduría evalúe los antecedentes relacionados con los presuntos casos de abuso de autoridad y rehusamiento de actos funcionales mencionados durante la sesión. La determinación de eventuales responsabilidades corresponderá a las instancias competentes.

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