El Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días a cinco distritos de Junín afectados por el sismo de magnitud 5.1 del último sábado, luego de reconocer que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional y de las municipalidades fue sobrepasada por la magnitud de los daños. La medida permitirá la intervención inmediata de once ministerios para ejecutar acciones de respuesta y rehabilitación.
El Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, publicado este lunes en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, comprende a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, así como Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.
La norma sustenta la decisión en un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil, que concluyó que el impacto del sismo provocó daños a la vida y salud de la población, viviendas, vías de comunicación e infraestructura pública. Además, señala expresamente que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín fue sobrepasada, por lo que resulta necesaria la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.
Intervendrán once ministerios
El decreto dispone que el Gobierno Regional de Junín y las municipalidades comprendidas ejecuten las acciones de respuesta y rehabilitación con el acompañamiento técnico del INDECI y la participación de los ministerios de Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social y Economía y Finanzas.
Las entidades deberán ejecutar únicamente acciones vinculadas de manera directa con la emergencia y podrán adecuarlas conforme evolucionen las necesidades de la población afectada y los resultados de las evaluaciones técnicas.
El decreto clasifica el evento como una emergencia de nivel 4, condición que justifica la intervención del Gobierno Nacional cuando la capacidad de respuesta regional resulta insuficiente.
Donaciones y financiamiento
El decreto también facilita la recepción y el transporte de donaciones destinadas a la población afectada. Entre los bienes autorizados figuran alimentos, medicamentos, ropa, carpas, colchones, materiales de construcción, maquinaria, combustible y equipos para atender la emergencia. Asimismo, comprende servicios gratuitos de transporte, atención médica, logística y almacenamiento.
La implementación de las acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
