El candidato de Juntos por el Perú al Gobierno Regional de Junín, Juan Mael Palomino, sostiene que una eventual gestión suya buscará revisar los contratos mineros para exigir mayores beneficios para la región y atender los impactos ambientales, una propuesta que enfrenta un límite de competencia porque las decisiones sobre los contratos de la gran y mediana minería corresponden al Gobierno Nacional.
Palomino puso a Chinalco como principal ejemplo y afirmó que Junín debería reclamar mayores recursos por la actividad minera y sus impactos. Sostuvo que recurriría a mecanismos legales e incluso a una instancia internacional, como Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para sustentar la posición regional. “Me ratifico en eso”, dijo.
El plan de gobierno de Juntos por el Perú también incluye esta propuesta. En su eje ambiental plantea “revisar los contratos con las compañías mineras de la Región Junín” frente al problema de contaminación por metales pesados y fija como meta que la región cuente hacia 2030 con una regulación orientada a una economía sostenible.
La propuesta, sin embargo, no significa que el Gobierno Regional pueda renegociar por cuenta propia los contratos de grandes proyectos mineros. El Tribunal Constitucional ha precisado que los gobiernos regionales tienen competencias compartidas en materia minera, pero no cuentan con competencia expresa sobre la gran y mediana minería. Sus atribuciones deben ejercerse, además, en concordancia con las políticas nacionales.
Zósimo es el responsable de la reducción del presupuesto de inversiones
Palomino también fue duro con la gestión de Zósimo Cárdenas al frente del Gobierno Regional, a quien responsabilizó por la disminución del presupuesto de inversiones para el 2027, que bajó de alrededor de S/1.000 millones a S/500 millones.
El candidato atribuyó esta reducción a una deficiente ejecución de proyectos en la administración de Zósimo Cárdenas y puso como ejemplos la construcción del hospital Manuel Higa Arakaki, en Satipo, que sigue paralizada tras protagonizar el escandaloso presunto direccionamiento hacia la empresa de una joven sin experiencia. También el hospital El Carmen se mantiene inconcluso.
Palomino también afirmó que Cárdenas no resolvió los problemas de salud de Junín y aseguró que las referencias de pacientes aumentaron de 100 mil en 2024 a 165 mil en 2025 y vinculó esta situación con las dificultades para atender casos que requieren establecimientos con mayor capacidad resolutiva.
En agricultura, cuestionó la llamada “revolución agraria” y sostuvo que la gestión regional no avanzó hacia la agroindustrialización.
Su crítica terminó con una definición sobre el tipo de gobierno que debería tener Junín: “Un gobierno regional no puede ser un gobierno municipal. Un gobierno regional tiene que ser de impacto”, afirmó al cuestionar el enfoque de Cárdenas y sus obras de menor escala en cada provincia.
Keiko ineficaz frente al crimen
En el ámbito nacional, Palomino cuestionó los primeros meses del gobierno de Keiko Fujimori y sostuvo que no observa medidas de impacto frente a la inseguridad ciudadana.
El candidato afirmó que Fujimori prometió “mano dura” contra la delincuencia, pero dijo que la criminalidad continúa, mientras sí existe una posición más dura frente a los adversarios políticos del fujimorismo.
Pese a sus críticas, Palomino señaló que la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados daría la confianza al Gobierno de Fujimori si esta fuera solicitada, con la condición de que avance con medidas contra la criminalidad que la bancada considera prioritarias.
Defiende a Roberto Sánchez como asesor de la bancada
Palomino también defendió la decisión de incorporar al excandidato presidencial Roberto Sánchez como asesor de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados.
Argumentó que la nueva cámara tiene parlamentarios sin experiencia legislativa y que Sánchez, por haber ejercido anteriormente como congresista, puede orientar a los diputados en la elaboración de proyectos, mociones y otros procedimientos parlamentarios.
El candidato reconoció que ese nombramiento puede generar cuestionamientos, pero sostuvo que dentro de Juntos por el Perú lo consideran una fortaleza para la bancada y no un problema.
Seis invitados reclaman por las comisiones
Sobre las tensiones dentro de la bancada, Palomino confirmó que seis congresistas invitados expresaron su desacuerdo con la distribución de las presidencias y otros cargos en las comisiones.
Entre ellos mencionó a Marlon Aguirre y consideró que el reclamo corresponde principalmente a la distribución de puestos y no a discrepancias con el ideario de Juntos por el Perú. Sin embargo, cuestionó que el parlamentario haya expuesto públicamente sus diferencias en lugar de resolverlas dentro de la organización.
Sobre Aguirre, sostuvo que es el caso más mediático porque fue quien expresó primero su molestia, pero aseguró que no dejará la bancada.
Proyectos de JP siguen pendientes
Palomino defendió además el trabajo de la bancada y enumeró tres proyectos que considera prioritarios: una iniciativa para modificar la denominada “ley Climper”, otra para orientar el presupuesto frente a desastres naturales y una tercera relacionada con seguridad ciudadana y la elección del comandante general de la Policía.
Admitió que el avance en el Parlamento es lento y atribuyó parte de la demora a la nueva estructura bicameral del Congreso y al proceso de conformación de las comisiones.
Para Junín, Palomino dijo que buscará gestionar mayores recursos ante el Gobierno Nacional y el Congreso, además de impulsar proyectos de alcance regional en salud, educación, saneamiento y medio ambiente.
También planteó elevar de S/100 millones a S/250 millones la asignación destinada a la Carretera Central, mediante gestiones ante el Gobierno Nacional y el Congreso, al considerar que Junín debe tener una participación más activa en la defensa de proyectos estratégicos para la región.
La minería, sin embargo, concentra su propuesta más controvertida: Palomino asegura que buscará revisar los contratos para conseguir mayores beneficios para Junín, aun cuando la propia normativa limita las competencias regionales frente a la gran y mediana minería.
