Un informe de control detectó un perjuicio económico total de S/ 2 469 863.13 al proceso de contratación y ejecución contractual de la obra: “Mejoramiento del Corredor Vial de transporte masivo norte – sur, Av. ferrocarril (Tramo: Av. circunvalación –cruce Carretera Central)”, que busca unir los distritos de El Tambo, San Agustín de Cajas, Hualhuas, Saño y San Jerónimo de Tunán, en Huancayo.
En el Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 17399-2021-CG/GRJU-AC, realizado desde el 22 de setiembre de 2016 al 8 de mayo de 2019, se advierte que funcionarios del Gobierno Regional de Junín convocaron el 28 de marzo de 2018 el procedimiento de selección para la ejecución de la obra y posterior otorgamiento de la buena pro, a un postor que no acreditó el cumplimiento de los requisitos de calificación, según las bases de la dicha convocatoria realizada en la gestión regional de Ángel Unchupaico.
Pese a ello, los trabajos se iniciaron el 20 de julio de 2018 sin contar con la disponibilidad física del terreno y sin la absolución de consultas sobre la disposición del área no se realizó de manera motivada, situaciones que afectaron la transparencia y legalidad que rigen las contrataciones públicas.
Del mismo modo, ya durante la gestión de Vladimir Cerrón, la Contraloría advirtió la aprobación de un expediente técnico de adicional de obra carente de sustento técnico y legal, y aun así, se reinició la obra sin subsanar las observaciones que motivaron su suspensión. Este hecho ocasionó el perjuicio económico de S/378 630,84 por la pérdida de la inversión realizada al encontrarse inconclusa y por el pago de la elaboración y evaluación del citado expediente técnico de adicional de esta obra.
Además, la Comisión de Auditoria, identificó que funcionarios de la gestión 2015-2018, así como de la actual (2018-2022) valorizaron, pagaron y reconocieron partidas no ejecutadas a favor del Consorcio Vial Junín (ejecutor de la Obra) lo que generó un segundo perjuicio económico de S/2 091 232,29.
Los funcionarios implicados con presunta responsabilidad penal y administrativa son Víctor Raúl Dueñas Capcha, exgerente regional de Infraestructura y exgerente general regional; Alfredo Poma Samanez, exgerente regional de Infraestructura; Eduardo Cristian Lagos Villavicencio, exsubgerente de Estudios; Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, exsubgerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Wilser Vidal Quispe Chamorro, exsubdirector de Abastecimientos; Alex Antonio Carhuamaca Canto, coordinador de obra en la gestión de Ángel Unchupaico.
Mientras que en los responsables de la gestión de Vladimir Cerrón son Jakelyn Flores Peña, exgerente regional de Infraestructura; Marcial Castro Cayllahua, exgerente regional de Infraestructura y Luis Ángel Ruiz Oré, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín.
Tras la identificación de estas observaciones, se ha dispuesto que la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, inicie las acciones legales contra estos 11 funcionarios comprendidos en los hechos del presente informe de auditoría con presuntas responsabilidades administrativas y penales.
El informe elaborado fue comunicado al titular del Gobierno Regional de Junín, para que inicie las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios comprendidos, dentro del marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.
