La Municipalidad de Huancayo pedirá la destitución de la fiscal Patricia Pessoa Porras, quien dispuso la libertad de Craig Albert Enrique Escalante, investigado por el ataque con fuego que dejó nueve trabajadores municipales heridos durante un operativo de desalojo en el pasaje Casuarinas.
El gerente municipal, Joshelim Meza León, anunció que la entidad también solicitará que la fiscal sea apartada del caso y presentará una queja por presunta inconducta funcional.
Meza informó que la comuna acudirá al fiscal superior de Junín para pedir el apartamiento de la magistrada y que el caso pase a otro fiscal. Además, solicitará al Colegio de Abogados el inicio de un proceso disciplinario y recurrirá a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para pedir su destitución.
La Municipalidad también evalúa presentar una denuncia penal por presunta omisión, demora o rehusamiento de actos funcionales. El gerente precisó que los abogados de la comuna aún analizan esta acción.
Cuestiona decisión fiscal
Meza cuestionó que la Fiscalía no solicitara prisión preventiva contra Escalante. Sostuvo que los trabajadores afectados y la Municipalidad entregaron pruebas que, a su juicio, debieron ser valoradas para sustentar esa medida.
«Los videos son claros, las pruebas son claras, los testimonios de la misma manera», afirmó el funcionario, quien consideró que los elementos presentados apuntaban a la participación del investigado en el ataque.
Meza también sostuvo que la decisión afecta el principio de autoridad y la seguridad de los trabajadores municipales que participan en operativos de recuperación de espacios públicos. Estas afirmaciones corresponden a la posición de la Municipalidad y no constituyen una determinación sobre la actuación de la fiscal.
Este viernes, la fiscal Pessoa ordenó la libertad de Escalante al considerar que no concurrían los presupuestos materiales del artículo 268 del Código Procesal Penal para solicitar prisión preventiva.
Al dejarlo en libertad, la fiscal exhortó al investigado a presentarse ante las autoridades cuando sea requerido y ordenó verificar si registra una orden de captura vigente, siempre que no exista otro mandato de autoridad competente.
La Fiscalía investiga por presunto homicidio simple en grado de tentativa, con un plazo de 60 días para esclarecer el ataque ocurrido el 14 de octubre.
Entre las diligencias dispuestas figuran las declaraciones de policías y testigos, los exámenes médico-legales de los heridos y del investigado, una inspección técnica del lugar y una pericia para identificar el líquido inflamable utilizado durante el ataque.
