La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín dejó sin efecto el archivo de la investigación contra el exgobernador regional Fernando Pool Orihuela Rojas y ordenó formalizar y continuar la investigación preparatoria por su presunta participación en el trámite y pago de una valorización de la obra del colegio Mariscal Castilla, en El Tambo.
La Disposición N.° 70-2026-FSEDCF, emitida el 16 de septiembre de 2026, declaró fundado en parte el recurso de elevación de actuados presentado por la procuradora pública anticorrupción Nora Flores Peñaloza contra la decisión de la Fiscalía Provincial que había dispuesto no formalizar ni continuar la investigación contra Orihuela, quien estos días se dedica a cerrar su campaña política hacia la Gobernación Regional con el partido Podemos Perú.
El fiscal superior Ramón Alfonso Vallejo Odría ordenó investigar a Orihuela, en su condición de entonces gobernador regional de Junín, como presunto autor o instigador del delito de colusión agravada, previsto en el artículo 384 del Código Penal, y como presunto autor del delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399, como tipificación alternativa.
El caso se relaciona con la Valorización N.° 02 de la obra “Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla”, cuyo trámite derivó en un pago de S/2 millones 830 mil 583.60 al Consorcio Huancayo en 2020.
Deja sin efecto el archivo
La fiscal provincial Joshelyn Angélica Yurivilca Ramos había decidido no formalizar ni continuar la investigación contra Orihuela. Entre sus argumentos sostuvo que el gobernador regional no tenía competencia funcional directa sobre la tramitación técnica de las valorizaciones.
La Fiscalía Superior considera que ese razonamiento no bastaba para cerrar el caso. La disposición señala que el gobernador regional, como titular del pliego, tiene funciones de dirección y supervisión sobre la entidad y que corresponde investigar si tuvo alguna intervención funcional en el trámite de la valorización cuestionada.
El despacho superior también cuestionó que la investigación no agotara diligencias relevantes y advirtió deficiencias en la motivación de la decisión que dispuso el archivo.
Una funcionaria vinculó a Orihuela con el pago
Uno de los elementos que la Fiscalía Superior considera necesario volver a evaluar es la declaración de Gaby Paula Lozano Chambergo de Canchapoma, entonces subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín.
Según su declaración, Lozano sostuvo que Orihuela la convocó a su despacho y le exigió otorgar la conformidad a la valorización cuestionada.
La Fiscalía Superior considera que este testimonio debe contrastarse con otros elementos antes de descartarlo y ordenó realizar nuevas diligencias para esclarecer las circunstancias en que se tramitó la valorización.
La investigación también comprende las observaciones formuladas a la carta fianza presentada por el Consorcio Huancayo y las condiciones en que se autorizó el pago.
Levantarán secreto de las comunicaciones
La Fiscalía Superior ordenó nuevas diligencias para determinar la eventual intervención de Orihuela y otros involucrados.
Entre ellas figura la declaración indagatoria de Orihuela, la identificación y declaración del abogado Daniel Moscoso, así como la declaración de funcionarios relacionados con la custodia y trámite de las cartas fianza.
También dispuso recabar el expediente original del trámite de la valorización en el Gobierno Regional de Junín y realizar diligencias para determinar si hubo alguna alteración o eliminación de documentos del sistema de gestión documental utilizado por la entidad.
Otra de las medidas comprende el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la ubicación de las celdas telefónicas de Orihuela y otros involucrados durante enero, febrero y marzo de 2020, con el propósito de establecer si existieron comunicaciones relacionadas con los hechos investigados.
También a representantes del Consorcio Huancayo
La Fiscalía Superior ordenó formalizar investigación preparatoria contra Francisco Cyl Godiño Poma, representante del Consorcio Huancayo, y Ricardo Rodolfo Soto Perales, exrepresentante del consorcio.
Ambos serán investigados como presuntos cómplices de Orihuela en la presunta comisión de colusión agravada, y también como presuntos cómplices en el delito de negociación incompatible, en este último caso como tipificación alternativa.
La resolución además ordena desacumular estos hechos de la carpeta fiscal original y formar una nueva carpeta con las copias certificadas de las actuaciones relacionadas con Orihuela y los representantes del consorcio.
Exhorta a fiscales
La resolución también contiene una exhortación a los fiscales Carlos Rodrigo Mera Palomino y Joshelyn Angélica Yurivilca Ramos para que cumplan adecuadamente sus funciones y emitan decisiones debidamente motivadas, con respeto al principio de lógica en las investigaciones y pronunciamientos fiscales.
La Fiscalía Superior ordenó finalmente devolver los actuados al primer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín para que ejecute lo dispuesto.
