El Tribunal Constitucional (TC), cuyos miembros fueron elegidos por el Congreso que culmina, en el cual la bancada de Perú Libre compartió Mesa Directiva con el fujimorismo, declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Vladimir Cerrón Rojas, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre él y dejó sin efecto la orden de captura derivada de esa medida.
El colegiado concluyó que el Poder Judicial vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales al rechazar el pedido para sustituir la prisión preventiva por comparecencia con restricciones.
La sentencia, recaída en el Expediente N.° 00117-2026-PHC/TC, anuló la Resolución 8, del 3 de junio de 2025, que declaró infundado el pedido de variar la prisión preventiva, así como la Resolución 3, del 4 de julio de 2025, que confirmó esa decisión. Además, por conexión, dejó sin efecto la resolución emitida el 18 de diciembre de 2023 que revocó la comparecencia con restricciones e impuso prisión preventiva, y la resolución de enero de 2024 que confirmó esa medida.
Pese a este fallo, el Tribunal Constitucional no absolvió a Cerrón ni puso fin al proceso penal. La investigación que sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro continuará. El TC ordenó que el Poder Judicial emita un nuevo pronunciamiento y evalúe las medidas que correspondan para garantizar la presencia del investigado durante el proceso.
El TC cuestiona motivación judicial
El eje de la sentencia no gira sobre la responsabilidad penal de Vladimir Cerrón, sino sobre la falta de motivación de las resoluciones judiciales que rechazaron sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa.
El Tribunal recordó que la prisión preventiva constituye una medida excepcional, provisional y variable. Por ello, cuando cambian las circunstancias que justificaron su imposición, los jueces tienen la obligación de evaluar nuevamente si la restricción de la libertad sigue siendo necesaria y explicar de forma suficiente las razones para mantenerla.
Según la sentencia, la defensa acreditó que el escenario jurídico había cambiado luego de que el propio Tribunal Constitucional anulara una condena contra Cerrón y la Corte Suprema lo absolviera en otro proceso. Sin embargo, los jueces rechazaron el pedido de variar la prisión preventiva sin explicar por qué esos hechos no reducían el peligro de fuga atribuido al investigado.
Para el TC, esa omisión vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y, por extensión, el derecho a la libertad personal.
Las condenas anuladas modificaron el escenario
La prisión preventiva fue dictada en diciembre de 2023 luego de que el Poder Judicial revocara la comparecencia con restricciones por considerar que Cerrón incumplió varias reglas de conducta.
Pero, según el Tribunal Constitucional, ese incumplimiento ocurrió cuando el dirigente de Perú Libre afrontaba condenas efectivas en otros procesos que posteriormente fueron anuladas o dejadas sin efecto.
Entre ellas figura el caso Aeródromo Wanka, en el que la Corte Suprema absolvió a Cerrón del delito de colusión simple, y el proceso por negociación incompatible, cuya sentencia fue anulada por el propio Tribunal Constitucional para que el Poder Judicial emita un nuevo fallo.
El TC concluyó que esos cambios modificaban objetivamente las condiciones que sustentaron la prisión preventiva y que el Poder Judicial debía analizarlos antes de decidir mantener la medida, lo que finalmente no ocurrió.
La sentencia no avala la clandestinidad
El Tribunal también precisó que no existe un derecho a desobedecer resoluciones judiciales. Toda persona tiene el deber de comparecer ante la justicia y cumplir los mandatos emitidos por los jueces.
Sin embargo, añadió que el hecho de que un investigado haya permanecido oculto mientras estaba vigente una resolución que posteriormente fue declarada nula no puede utilizarse, por sí solo, para justificar el peligro de fuga en otro proceso.
El proceso penal continúa
La sentencia deja sin efecto la prisión preventiva y la orden de captura que derivaba de esa medida, pero no resuelve la responsabilidad penal de Vladimir Cerrón.
El Tribunal ordenó al Poder Judicial emitir una nueva resolución conforme a los criterios fijados en la sentencia y evaluar las medidas que considere necesarias para asegurar la presencia del investigado durante el proceso. Mientras tanto, la investigación por organización criminal y lavado de activos seguirá su curso.
Hubo tres votos en contra
La decisión del Tribunal Constitucional no fue unánime. Los magistrados Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Monteagudo Valdez y Pedro Ochoa Cardich emitieron votos singulares en los que sostuvieron que la demanda de hábeas corpus debía declararse infundada.
En sus fundamentos, los tres magistrados consideraron que Vladimir Cerrón incumplió deliberadamente las reglas de conducta que le impuso el Poder Judicial y permaneció en la clandestinidad para eludir la acción de la justicia, conducta que —a su juicio— justificaba mantener la prisión preventiva. También rechazaron el argumento de que existiera un supuesto “derecho a la resistencia” para desobedecer resoluciones judiciales.
No obstante, la posición mayoritaria del Pleno concluyó que el Poder Judicial no motivó adecuadamente por qué mantuvo la prisión preventiva luego de que cambiaran las circunstancias que la sustentaban, razón por la que declaró fundada la demanda de hábeas corpus y anuló las resoluciones cuestionadas.
Aquí la resolución del Tribunal Constitucional
Tribunal constitucional deja libre a Vladimir Cerrón by Huanca York Times
